COMUNICADO SOBRE VULNERACIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS AL CABILDO INDÍGENA NUTABE DE OROBAJO POR PARTE DEL PROYECTO HIDROITUANGO Y SU EMPRESA CONSTRUCTORA EPM

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
SOBRE VULNERACIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS AL CABILDO INDÍGENA NUTABE DE OROBAJO POR PARTE DEL PROYECTO HIDROITUANGO
Y SU EMPRESA CONSTRUCTORA EPM

El Cabildo Indígena Nutabe de Orobajo (ubicado en el municipio de Sabanalarga– Antioquia), denuncia ante la opinión pública y la comunidad internacional, los graves hechos que viene cometiendo el proyecto HIDROITUANGO a través de su empresa constructora Empresas Públicas de Medellín EPM y sus distintos operadores.  En la zona del Cañón del río Cauca se desarrollan las obras del proyecto  Hidroeléctrico Ituango o Hidroituango, liderado por EPM y la Gobernación de Antioquia, considerado como el proyecto más grande y ambicioso en producción de hidroenergía que se construye actualmente en el país.  En el momento se está en la etapa de construcción de la presa y de las obras complementarias de dicho proyecto, el cual tiene programado realizar el llenado del embalse en el año 2018, que inundará el sitio de poblamiento ancestral  de la  comunidad indígena Nutabe de Orobajo, así como parte de su territorio en el que ha ejercido su cultura y sus actividades económicas de manera ininterrumpida por más de 5 siglos el Pueblo Nutabe de Antioquia.

Orobajo está conformada como comunidad indígena de la etnia Nutabe, organizada a través de un cabildo, constituido en asamblea general realizada en junio de 2014, acorde a la Ley 89 de 1890, y posesionado ante la alcaldía municipal de Sabanalarga desde el mes de diciembre de 2014, acorde a la normatividad nacional e internacional vigente, en especial el Convenio 169 de la OIT.

Desde que nuestro cabildo Nutabe tomó posesión legal frente a la Alcaldía del municipio de Sabanalarga Antioquia en diciembre de 2014, hemos sido enfáticos con Empresas Públicas de Medellín EPM y demás entidades públicas y privadas, en que su actuación y realización de actividades dentro de nuestro territorio ancestral deberá ser concertado y aceptado por nuestras autoridades legítimamente constituidas y amparadas por la jurisprudencia existente en nuestro país sobre pueblos y comunidades indígenas.  No obstante lo anterior, y a pesar de las continuas advertencias realizadas por el ANLA y la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, en el sentido de actuar con precaución para no vulnerar los derechos fundamentales y étnicos que la comunidad perteneciente al Cabildo Nutabe de Orobajo posee por su carácter de pueblo indígena originario, EPM ha continuado violando sistemáticamente los derechos étnicos de nuestra comunidad, tal como se detalla a continuación:

·         Irrespeto a nuestro territorio, nuestra cultura y nuestra colectividad, al ingresar a nuestra comunidad sin las autorizaciones respectivas de nuestras autoridades.
·         Generación de divisiones y conflictos al interior de nuestra comunidad, a través del ofrecimiento de prebendas, negociación individual y desinformación.
·         Generación de pánico colectivo al difundir que nuestra comunidad no tiene derechos colectivos como pueblo indígena, ni derecho a tener un reasentamiento digno ni a recibir las indemnizaciones y compensaciones por la pérdida de su infraestructura (escuela, cementerios, trapiche, sistema de riego, parque, calles y caminos, etc.) y sus modos de vida ancestrales.
·         Creación de alarma y zozobra al difundir que el plazo de salida del asentamiento de Orobajo es inminente por la construcción de la represa de HIDROITUANGO, y que por tanto en enero del 2017 ya no debe haber ni casas ni habitantes en este territorio indígena.
·         La negativa sistemática de EPM para negar nuestro derecho al Proceso de Consulta Previa, negando de paso la justa remuneración, compensación y mitigación de los impactos causados a nuestra comunidad y nuestro territorio por HIDROITUANGO.

Lo anterior es mucho más grave si tenemos en cuenta el oficio fechado el 19 de octubre de 2016, con radicado N° OFI16-000038672-DAI-2200 enviado por la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior a la Defensoría del Pueblo, como respuesta a los requerimientos realizados por esta institución donde se solicita la socialización de los resultados realizados por la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías relacionados con el registro del Cabildo Indígena Nutabe de Orobajo como comunidad étnica, en donde cita:

“…nos permitimos informar que tendiendo a evitar que se vulneren derechos fundamentales de un colectivo, previo a la socialización de los resultados del estudio etnológico, mediante OFI16-000027529 de 26/07/2016, se comunicó a Empresas Públicas de Medellín que:
“…Esta Dirección recomienda que EPM y sus contratistas tengan en cuenta que existe una reivindicación de una comunidad que argumenta pertenecer al denominado Pueblo Indígena Nutabe y que sería conveniente obrar de acuerdo a los fallos de las Tutelas, T-652 de 1998, T-693 de 2012, T-933 de 2012, donde la Corte Constitucional en forma concluyente afirma que: “el reconocimiento oficial solo facilita la prueba de autoridades administrativas y judiciales, pero su ausencia no supone la inexistencia del Pueblo”, por lo cual sería deseable que dentro de las acciones de reconocimiento de las afectaciones a las familias de Orobajo, se asuman éstas como un proceso colectivo para evitar la vulneración de derechos fundamentales, lo anterior mientras esta Dirección concluye el trabajo de investigación ya iniciado.”

Por lo anterior, y considerando la ancestralidad de nuestra comunidad y nuestro territorio Nutabe en el Cañón del río Cauca, que ha sido ocupado por nuestros ancestros indígenas por más de 500 años, solicitamos de manera urgente:

1.      Que las instituciones del Estado Colombiano obligadas a ocuparse del caso (Mininterior, gerencia Indígena de Antioquia, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Corte Constitucional, Organismos de Derechos Humanos, etc.) realicen las medidas necesarias para la protección de la comunidad del Cabildo Indígena Nutabe de Orobajo del municipio de Sabanalarga Antioquia, a fin de evitar la vulneración de sus derechos fundamentales y étnicos.
2.      Que la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior cumpla su compromiso emitido en el oficio ya citado N° OFI16-000038672-DAI-2200, donde informa a la Defensoría del Pueblo, que a más tardar en un mes se podrá concluir con la definición del registro de nuestra comunidad Nutabe en la base de datos del registro de comunidades indígenas del país (siendo el vencimiento de dicho plazo el 19 de noviembre de 2016).
3.      Que la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA, garantice el inicio del Proceso de Consulta Previa al que tenemos derecho como pueblo indígena, a fin de evitar la extinción física y cultural de nuestra comunidad Nutabe.
4.      Que EPM y el proyecto HIDROITUANGO respeten nuestros derechos y nuestro territorio, nuestros usos y costumbres, nuestra autonomía y nuestros recursos naturales, tal como lo exige el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia existente en Colombia sobre la protección y cuidado de los pueblos originarios.
5.      Que las entidades públicas dueñas del proyecto HIDROITUANGO (Gobernación de Antioquia, IDEA y EPM) cumplan con su deber institucional de respeto a los derechos humanos y étnicos que les obliga nuestra constitución y nuestras leyes.
6.      Que se instaure de forma inmediata una ruta de atención integral a la problemática que vive la comunidad del Cabildo Indígena Nutabe de Orobajo, acorde a sus usos y costumbres y a sus derechos étnicos, con participación amplia y permanente de las organizaciones indígenas del nivel regional y nacional.

Solicitamos a la Organización Indígena de Antioquia –OIA-, y a la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-, así como a los organismos protectores de derechos humanos a nivel nacional e internacional,  activar los mecanismos de protección necesarios para la pervivencia de la comunidad indígena de Orobajo, garantizando nuestra AUTONOMÍA, TERRITORIO Y CULTURA NUTABE.
                                              
Dado en Sabanalarga Antioquia – Colombia - Suramérica, en noviembre 20 de 2016

Fotos, audiencia sobre utilidad pública


Viceministro Guillermo Rivera, Isabel Zuleta Movimiento Ríos Vivos, Juan pablo Soler Movimiento Ríos Vivos.

Representante a la cámara Ángela María Robledo.





Video del representate a la cámara Alirio Uribe.



Delegados de tres comunidades afectadas por hidroeléctricas en Colombia 

Movimiento Ríos Vivos


Movimiento Ríos Vivos


Comunidad de San Martín César afectada por el fracking en Colombia



Representante a la cámara Victor Correa. 


Delegado del ministerio de minas y energía que expresa que muchas comunidades en Colombia sí quieren las represas y que no entiende la posición del movimiento.


Abogada Liliana Uribe del Movimiento Ríos Vivos. 

Delegado comunidad afectada por líneas de transmisión de proyecto hidroelétrico. 



Movimiento Ríos Vivos.




Movimiento Ríos Vivos.

Invitación Audiencia Pública sobre la aplicación de la figura de utilidad pública en diversos sectores económicos



Asunto: Invitación Audiencia Pública sobre la aplicación de la figura de utilidad pública en diversos sectores económicos

 Afectados, estudiantes, profesores, funcionarios, campesin@s  y comunidad en general, reciban un cordial saludo.
Por medio de la presente, el Movimiento Colombiano Ríos Vivos  y las Unidades Técnicas Legislativas de Alberto CAstilla, Alexander López, Iván Cepeda, Alirio Uribe, Ángela Robledo y Victor Correa se complace en invitarlos a la Audiencia en el Congreso de la República:
¿Utilidad pública beneficio de todos?.
Conflictos del uso de la figura de utilidad pública frente a la implementación de megaproyectos y los desalojos forzosos de población afectada
Se prevé que en este espacio las comunidades, delegados de instituciones estatales y del gobierno nacional discutan las implicaciones que tiene la declaratoria  de utilidad pública de actividades económicas como proyectos hidroeléctricos, mineros, agroindustriales y de infraestructura; también se debatirá sobre las directrices establecidas por Naciones Unidas con relación a proyectos de desarrollo en materia de desalojos que no están siendo tenidas en cuenta por las empresas ni el Estado Colombiano.

Para los congresistas y para las organizaciones sociales que impulsamos esta iniciativa es de suma importancia poder contar con la participación de toda la ciudadanía e instituciones en este espacio; en caso de no poder desplazarse hasta la ciudad de Bogotá también puede atender la audiencia por el Canal Institucional que transmitirá en vivo y en diferido. Por ende les rogamos dar seguimiento y continuida a este debate que guarda relación con el futuro de su lugar de habitación y de todo el territorio colombiano.

La audiencia se llevará a cabo el 18 de noviembre de 2016 entre las 8 am y 29m.

Para inscribirse diligencie sus datos en: www.goo.gl/FE1hHr 


¡AGUAS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!










Cambios estructurales: Desafíos para la paz en Colombia y la región


Comunicado del MRV a la opinión pública
30 de octubre de 2016

El Movimiento Colombiano en defensa de los territorios y afectados por represas, Movimiento Ríos Vivos, tras reflexionar sobre los momentos previos, durante y posteriores a la refrendación de los acuerdos de la Habana, manifiesta sus incertidumbres y sentires en relación a los acuerdos alcanzados, la jornada del plebiscito del 02 de octubre y propuestas para el nuevo escenario nacional:
  1. La construcción de paz es un proceso complejo y de largo plazo con el cual está comprometido el Movimiento Ríos Vivos, así como otros movimientos y organizaciones sociales que al unísono defendemos la vida y el territorio. Este proceso implica cambios estructurales que atiendan los conflictos sociales y ambientales que han deteriorado los bienes comunes del pueblo colombiano.
  2. La violencia como método para forzar el ordenamiento de los territorios debe parar. A lo largo de varias décadas el Estado Colombiano ha sido el principal actor de violencia armada, social, ambiental, política e incluso jurídica, que la usado como forma privilegiada de abordar los conflictos socioambientales incluso en años precedentes al conflicto armado que se pretende concluir. Por tanto, no atender dichos conflictos desde la perspectiva de la protección y respeto a las múltiples culturas en materia económica, social, ambiental y cultural implica la profundización de las problemáticas y heredarlas a las siguientes generaciones. Celebramos por tanto el empeño de la palabra, el diálogo y los acuerdos sobre cualquier acción bélica o de violencia
  3. Colombia ha sufrido históricamente una polarización intencional que se debe superar. El centralismo y federalismo se sigue expresando en las prácticas políticas partidistas, representados por el partido conservador y el liberal, Santistas y Uribistas y demás corrientes en el orden del día. Esta polarización solo le es funcional a las elites dominantes pues impide abordar los reales conflictos y permite excluir a los otros sectores de la sociedad que proponemos un país diferente.
Esto ha permitido que en Colombia se instaure un Estado Corporativo en el que se privilegian los intereses privados nacionales y extranjeros a partir de discursos y políticas contradictorias que simulan un interés social mientras despoja a la mayor parte de la población. Sobrepasar la polarización permitirá dar cuenta del principal de los conflictos: el modelo de desarrollo que se impone en Colombia para la concentración de grandes capitales, privatización de las aguas, tierras y acceso limitado a bienes naturales el cual es el principal responsable de que los despojados se vean empobrecidos y sin acceso a alimentación, salud, vivienda y educación.
  1. La confrontación entre las FARC y el Gobierno Colombiano debe superarse de fondo pues alude a uno de los conflictos históricos la tenencia, uso y concentración de la tierra. Si bien los acuerdos son un avance muy importante, poco de ellos está por fuera de la Constitución y las leyes, lo que da cuenta de la desatención del Estado a los sectores más vulnerables de la población, en otras palabras, gran parte de los acuerdos debió haberles dado trámite el Estado hace mucho tiempo.
  2. De los actuales procesos con las insurgencias destacamos, como avance, la posibilidad de posicionar que no es posible que se siga matando por tener ideas diferentes y que se impida la participación de quienes piensan de otra forma; es decir, se ha avanzado en la propuesta de transformación cultural que requiere Colombia, de respeto a la vida humana y no humana. Para ello la esperanza de verdad es un gran aliciente que debe complementarse con la búsqueda de Verdad Ambiental, necesaria para la resolución de todo conflicto territorial y como garantía de no repetición.
  3. El cese a la guerra contra la naturaleza y contra las organizaciones de la sociedad civil son nuestro gran anhelo. Esta guerra se expresa en cientos de conflictos socioambientales que hoy agobian el país y en la persecución de líderes y lideresas sociales, la criminalización de la protesta social, las violaciones a los derechos humanos, la ausencia de garantías para la participación social y política entre otras estrategias, que hacen que hacer uso del derecho a la constitucional a la libre Asociación en Colombia sea una tarea de alto riesgo.
Por otra parte, a pesar el camino recorrido en la construcción de los acuerdos para la terminación del conflicto armado con las FARC, siguen vigentes las preocupaciones y demandas frente a los conflictos socioambientales y a la revictimización de la población generados por la imposición de megaproyectos y la política de confianza inversionista a las que el conflicto armado en Colombia les ha sido útil. Se hace necesario e inaplazable avanzar en la propuesta de crear una Comisión de la Verdad Ambiental que esclarezca las causas y los factores de permanencia en el tiempo de la relación entre conflicto armado y megaproyectos minero energéticos y agroindustriales entre otros múltiples daños a la naturaleza que la convierten en víctima en sí misma. Esta propuesta fue enviada a la mesa de la Habana por el Movimiento Ríos Vivos y solicitamos sea reconsiderada.
  1. Frente a la jornada de refrendación de los acuerdos del pasado 02 de octubre consideramos que la incertidumbre fue la gran ganadora. La percepción generalizada es de inmensa incertidumbre, como en todo país en guerra no sabemos lo que ocurrirá al día siguiente, la idea de futuro es difusa y la distancia de la mayoría de ciudadanos de participación real en las decisiones del país hace que se tenga la certeza de que otros, muy lejos, son los que deciden por nosotros, incluso que el voto tiene poca relevancia porque “ya todo está arreglado”. Esta incertidumbre se agudizó con el NO pero no desaparecía con el SI.
En general, la población afectada por represas de nuestro Movimiento no tuvo tiempo suficiente para conocer y reflexionar sobre la totalidad de los acuerdos, algunos de ellos no son claros y generan grandes interrogantes.  Además, muchos votantes del NO se acercaron a las urnas con temor infundido a partir de falsos argumentos y manipulación, como la posibilidad de pérdida de subsidios, disminución de ingresos salariales entre otros; por otra parte, la amenaza latente de entrada de paramilitares a diferentes zonas hizo que muchos se inclinaran por el NO, sin decirlo pero con el corazón pensando en que los territorios continuarían con el conflicto armado sino se da una atención prioritaria por parte del estado a este fenómeno.
La impopularidad del presidente Santos entre los afectados por represas también contó pues mientras habla de paz, él ha impulsado diversos proyectos hidroeléctricos que han implicado el despojo, es difícil para una familia que ha perdido todo o ha sido desalojada violentamente por la construcción de una represa promovida por este gobierno que siga su discurso de paz. Además, muchas personas se sintieron encerradas, acorraladas sin posibilidad de resolver sus interrogantes antes de la votación, dado que un SI o un NO en un asunto que les cambia la vida no es legítimo ni adecuado en un contexto de guerra: por otra parte cuando se ha intentado aportar al proceso de construcción de paz desde los territorios, como en el caso del desminado piloto en El Orejón y de sustitución de cultivos de uso ilícito en Briceño, Antioquia, la Cancillería y delegados del Gobierno han excluido y discriminado a integrantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia por sus posturas críticas y sus propuestas de autonomía y de rechazo a la corrupción, hoy tratan de seguir imponiendo metodologías y propuestas para el piloto de sustitución, prueba de ello es que desdeñaron la propuesta colectiva elaborada por las organizaciones locales.
  1. Los partidos tradicionales y la política clientelista son responsables del gran daño que le han hecho a Colombia. En varias regiones la gente se quedó esperando el transporte que los llevaría el sitio de votación, otros se quedaron esperando el tamal para ir a votar, esperando a que el político de siempre les dijera que hacer, se quedaron esperando la parranda donde les dijeran por quien votar, se quedaron esperando las promesas en la puerta de los ladrillos, tejas, el bulto de cemento o la tapada del hueco en la calle para incentivar su deber patriótico de votar.
La pedagogía para la paz no fue acertada ni suficiente para superar estos vicios históricos incentivados y heredados por la politiquería en Colombia. En esta tarea los partidos políticos no asumieron en la práctica las campañas de apoyo a la refrendación ni tampoco el gobierno nacional contrario a los discursos y declaraciones en los medios.
          Las campañas recayeron en los movimientos y organizaciones sociales que aunque algunos no estuvieramos de acuerdo con la forma de refrendar los acuerdos o con los vacíos de los acuerdos en términos ambientales, seguimos impulsando las campañas reconociendo la importancia de avanzar en la terminación del conflicto armado con las FARC. Sin embargo, tras los resultados del 02 de octubre, los convocados a la mesa son los partidos políticos, las iglesias que confundieron a la población y que ven como necesarios los acuerdos para lucrarse con proyectos que en poco o nada benefician a las poblaciones afectadas por el conflicto, aumentando la vulnerabilidad de las mismas, la desigualdad social, perpetuando la exclusión y generando condiciones de dependencia; un ejemplo de esto es el contrato millonario sobre  posconflicto que tenía la Pastoral Social mientras contradictoriamente diversos párrocos de la Iglesia Católica en sus sermones y emisoras impulsaron el NO. Ríos Vivos considera que para la construcción de paz desde los territorios es necesario que los proyectos sean ideados y ejecutados por las comunidades receptoras
  1. Frente a las expresiones populares que se han tomado las calles para que su voz también sea escuchada, alertamos frente a la intervención de organizaciones de la sociedad civil que tan solo ven la paz como un nuevo negocio o fuente de financiación; hemos visto como varias organizaciones que no hablaban del tema públicamente pero que si estaban formulando proyectos relativos a la paz, hoy están aportando buses y recursos para las movilizaciones.
El camino correcto es la construcción de propuestas sin intervencionismos desde los territorios barriales, desde los espacios asamblearios de organizaciones populares y campesinas, de afectados por proyectos minero energéticos; nosotros, los de a pie, los humildes, los empobrecidos, las víctimas del conflicto, las víctimas del desarrollo, los revictimizados somos los llamados a materializar la paz que necesita Colombia.
Este conjunto de factores aunado a los miedos y secuelas de la guerra, que con certeza compartimos con otros sectores de la población, dan cuenta de las altas cifras de abstencionismo de la jornada del 02 de octubre y de los grandes desafíos que aún el gobierno debe atender para materializar la construcción de paz en Colombia. Por tanto, es reprochable que los resultados de la jornada del plebiscito se los atribuyan sectores como las iglesias cristianas o el Centro Democrático quienes intentan tomar una vocería generalizada de los resultados de la jornada.
Frente a estas realidades, Ríos Vivos seguirá haciendo un gran esfuerzo de reflexión y debate desde los territorios rurales y barriales, le apostamos al proceso y no consideramos que los acuerdos pactados se debieran reformar y sobre todo si eso implica el aplazamiento del fin del conflicto armado y retrocesos para la búsqueda de verdad; las reformas propuestas por el Centro Democrático son una trampa que mina los anhelos de paz,  de ser aceptada por el gobierno nacional, tendrían que buscarse también las reformas que propongan las iglesias, los abstencionistas y los que temen al paramilitarismo y que votaron por el NO, de igual manera tendrá que atenderse a los que no pudieron votar por las amenazas de los paramilitares (Asociaciones de pescadores articuladas a Ríos Vivos en el bajo Cauca de Antioquia, Puerto Wilches Santander, por ejemplo).
También es necesario tener en cuenta, con la contundencia necesaria, que algunas de las organizaciones y movimientos que se movilizaron por el SI no se distanciaron del Gobierno de Santos y lo que representa, a muchos del SI no nos representa el presidente, por eso también exigimos un espacio para el diálogo en el que el ejercicio de construcción de paz involucre las propuestas emanadas desde los territorios, en especial aquellas que profundizan aspectos ambientales y culturales.
En esta nueva fase del proceso se debe replantear la pedagogía y atender las incertidumbres que se generan en torno a la implementación de los acuerdos, como por ejemplo, la puja por el dominio territorial de otros actores de conflicto, guerras urbanas, el fortalecimiento de grupos armados ilegales, militarización de territorios, zonas inseguras a pesar de haber sido desminadas, exiguas garantías de cohabitación y protección en la ruralidad frente al modelo extractivo; más aún cuando la respuesta gubernamental tras conocer los resultado del plebiscito fue la militarización inmediata de caminos y carreteras en varias regiones del país.

¡Aguas para la vida, no para muerte!