Denunciamos a Hidroitungo ante la CIDH

Miércoles 12 de noviembre en la Cra 47 Nº 53 - 45 piso 10 Sede de la corporación Jurídica Libertad explicaremos como Hidroituango se esta beneficiando del conflicto armado https://www.youtube.com/watch?v=UP6XVaupsqU&app=desktop

Además contaremos todo lo relacionado con la Audiencia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que el Movimiento Ríos Vivos Colombia presento graves denuncias sobre desplazamiento forzado por represas  https://www.youtube.com/watch?v=j70U4_m9pb8



EPM-HIDROITUANGO Y ESMAD ATACAN A POBLACIÓN DE PUERTO VALDIVIA ANTIOQUIA


Ahora entendemos porque Juan Esteban Calle Gerente de EPM agradece al Ejército y la Policía por atropellar a los ciudadanos.  http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/hidroituango-vence-la-violencia-en-antioquia/14811355

DENUNCIA PÚBLICA

EPM-HIDROITUANGO Y ESMAD ATACAN
A PEQUEÑOS MINEROS Y PESCADORES HUMILDES
DE PUERTO VALDIVIA

La Asociación de Campesinos del Bajo Cauca -ASOCBAC- y las comunidades de pequeños mineros y pesqueros afectados por la violación constante de nuestros derechos fundamentales y víctimas de la negligencia y atropellos de EPM, Gobernación de Antioquia (HIDROITUANGO) denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional:

HECHOS
1. Desde el 11 de octubre de 2014 adelantamos pacífica protesta contra la violación que las empresas contratistas de HIDROITUANGO, orquestadas por  EPM y la Gobernación de Antioquia, vienen haciendo de nuestros derechos fundamentales al trabajo, a la vida, a nuestra cultura, familia y por la defensa del río Cauca, el cual pertenece a todos los colombianos pero que EPM,  en el área correspondiente a los municipios afectados por la construcción de la represa, ha ilegítimamente privatizado y lo robado a sus tradicionales e históricos usuarios y protectores: nosotros los campesinos ribereños, pequeños y artesanales mineros, pescadores, arrieros, quienes venimos siendo desarraigados con mentiras, migajas, engaños y represivamente.
2. El ejército nacional y el esmad de la policía, instituciones formadas para defender los intereses de las transnacionales y los más ricos de país, vienen violando todas las normas del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos humanos, como ya lo denunciamos el día 11 de octubre de 2014, justificando su accionar en las consignadas lanzadas desde el Ministerio de Defensa, de criminalizar y estigmatizar las luchas pacíficas adelantadas por los pobladores víctimas de los atropellos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de las empresas contratistas de Hidroituango.
3. Es así como el día 1º de noviembre de 2014 a las 6 a.m. en el barrio Remolinos de Puerto Valdivia, unidades del esmad atropellaron amenazantemente a los mineros que de manera pacífica adelantamos desde hace un mes una justa, legítima y legal protesta. Dos camionetas y turbo, repletos de agentes del esmad, procedentes de Medellín, Yarumal y Valdivia, se tomaron nuestro barrio Remolinos de manera intimidatoria y desafiante. El comandante de las unidades policiales ordenó al jefe de personal, de nombre EMIRO, de la empresa contratista, para que obligara a los obreros a que pasaran, literalmente, por encima de los pacíficos manifestantes, entre los cuales había personas adultas, menores de edad y hasta mujeres en embarazo.
4. Actitud agresiva de los uniformados que fue alimentada a través de engaños y mentiras por EPM y algunos de sus ingenieros, quienes timaron a los policiales diciéndoles que la protesta no tenía ninguna razón de ser, porque ya EPM había llegado a un acuerdo con toda la comunidad, mineros y pescadores. Así, mediante el uso de sucias triquiñuelas, embustes y trampas empujan la represión, los gases lacrimógenos y todo el terror policial y militar como solución salvaje a nuestras justas y civilizadas reclamaciones. Solo el día miércoles 5 de noviembre, se efectuó reunión de acercamiento entre el gobierno departamental y voceros de EPM con una delegación de mineros y pescadores en el casco urbano de Valdivia. Como puede apreciarse, fue oscura y criminal la desinformación impartida por EPM a los policiales el sábado 1º de noviembre de que había un acuerdo”. Ese es el rostro inhumano y bárbaro del pulpo EPM, que desmiente irrefutablemente el carácter “humano” con que quieren presentarse ante la opinión pública nacional e internacional.
5. Así han sido siempre, es su manejo normal y su forma de actuar: la inmoralidad ha sido su norma, el cinismo su ética y el bolsillo propio su objetivo fundamental. No tienen patria, su patria es el capital mundializado, priorizan sus intereses con el gran capital privado e internacional por encima de los legítimos intereses de la nación y el medio ambiente.
6. El mismo día miércoles 5 de noviembre y al tiempo que se efectuaba en el casco urbano de Valdivia la reunión de acercamiento entre las partes, agentes de la Sijin, en Puerto Valdivia, se dirigieron a la entrada al túnel que se construye en el kilómetro 0 y sin orden judicial alguna procedieron a arrestar, apuntándoles con armas de fuego y acusándolos de ser los causantes de los “desordenes”, a los compañeros Orlando de Jesús Gutiérrez y a Jorge Alberto Arboleda O., quienes fueron arrojados de manera áspera y ruda a un vehículo de la policía. Una vez fueron arbitrariamente reseñados, verificados que eran personas de bien, sin antecedentes y ante los reclamos de toda la comunidad del Puerto, los compañeros fueron dejados en libertad. 
7. El día jueves 6 de noviembre, dos sujetos armados, se presentaron al barrio  Remolinos, dijeron que iban en representación de EPM y prestaban sus “servicios” a ella, amenazaron mujeres y niños, sentenciándoles que los matarían si seguían participando de paros y manifestaciones.
8. Este tipo de procedimientos ilegales demuestra que la intención de tales detenciones y amedrentamientos, van dirigidos para aterrorizar a los manifestantes, lo que tipifica una irrefutable conducta fascista y de terrorismo de Estado, que compromete no solo a los agentes que tiránica y despóticamente ejecutaron las detenciones sino a personas encubiertas pagadas por EPM y/o por las empresas sub-contratistas que operan en Puerto Valdivia. Estas empresas deben responder social y jurídicamente por tales hechos.

EXIGIMOS
AL  PRESIDENTE  JUAN  MANUEL  SANTOS  Y AL  GOBERNADOR  DE  ANTIOQUIA SERGIO  FAJARDO:

A. Que  adopte  las  medidas  inaplazables  contempladas  en  los  instrumentos  internacionales  de  Derechos  Humanos  y  del  Derecho  Internacional  Humanitario,  ordenando  instrucciones  y  mecanismos claros  que  busquen  prevenir los riesgos que puedan afectar a la población civil.
B.   A  que  no permitan los comportamientos  denunciados  dentro de  instituciones como EPM, pues ponen en peligro a la población civil  y no están acordes a las funciones constitucionales de la Patria.
C.    Que  se  desarrollen  todas  las  acciones  tendientes  a  proteger  la  vida  de  líderes y  lideresas  de  las justas  protestas  que  adelantamos  los  habitantes de Puerto Valdivia - Antioquia,  de  los  defensores  y defensoras  de  derechos  humanos,  periodistas  y  demás  personas  protegidas por el Derecho de Ginebra.
D.  A  que  reprochen,  rechacen  y  desautoricen públicamente las repudiables mentiras de EPM con las cuales fue engañada la fuerza pública para que actuara contra los manifestantes que ejercíamos el uso legítimo,  constitucional  y  legal  de  nuestro derecho a la protesta pacífica.

A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN:

A.  Se  investigue  y  sancione  los  señalamientos, estigmatizaciones y embustes  realizados  por  altos  funcionarios  e  ingenieros  de  EPM  porque  violan  principios  de  nuestra  democracia y ponen  en  peligro  a los  manifestantes  legitimados  por  nuestro  Estado  Social  de  Derecho  y  que constituyen  conductas  penales  descritas  en  el  Estatuto  Penal  como  injuria y calumnia.
B.  A  que  cumpla  las  funciones  establecidas  en  la  ley  para  investigar  las  afectaciones  a  la  población  civil   y  determinar   las  responsabilidades  individuales  de  los  infractores en  clara violación  a  los  Derechos  Humanos  y  al  Derecho  internacional  Humanitario, así  estas  responsabilidades  sean  cometidas  por  funcionarios  ejecutivos  de  EPM  y/o  del  Estado (Gobernación de Antioquia y/o Alcaldía Municipal de Valdivia).

A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN:

A.   Que  investigue,  sancione,  e  inicie  los respectivos procedimientos  de  carácter jurídico–disciplinarios  a  los  que  haya  lugar  contra  los  responsables  de  las  violaciones a los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y accione todas las medidas que permitan reducir los riesgos y las amenazas que ponen en peligro a la población civil.       
B. Se  investigue  y  sancione  los  señalamientos,  estigmatizaciones  y  engaños  realizados por  funcionarios  irresponsables  de  EPM  porque violan principios de nuestra democracia  y  ponen  en  peligro  a  los  manifestantes  del  barrio  Remolinos  legitimados por  nuestro  Estado  Social  de  Derecho.
C. A que cumpla las funciones establecidas en la ley para investigar, sancionar y determinar  las  responsabilidades  individuales  de  los  infractores  en  clara  violación  a  los  Derechos Humanos  y  al   Derecho  Internacional  Humanitario.

A LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE VALDIVIA:

A.  Que   basados  en  las  funciones  constitucionales  de  las  Personerías  en  Colombia brinde y defienda las garantías a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario,  aunque  esas  violaciones  provengan  incluso  de instituciones  como  EPM  y del mismo Estado como la fuerza pública.
B.  A  que  en  derecho,  y  en  uso  de sus funciones realice lo concerniente para no permitir  los señalamientos,  las estigmatizaciones  y  los engaños  pues estás lamentables e ilegales practicas no deben ser permitidas a los funcionarios públicos y/o privados porque  van  en  contravía  de  las  leyes de nuestro país y contra las obligaciones adquiridas mediante los acuerdos suscritos por el Estado colombiano en materia de Derechos Humanos.

A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO:

Para  que  en  consecuencia  de  sus  funciones  claramente  establecidas  en  la constitución  y  la  ley,  defienda  y  no  descansen  hasta  garantizar  el  cumplimiento  de  los  Derechos  Humanos,  del  Derecho  Internacional   Humanitario,  del  Código de Infancia   y  Adolescencia,  de  los  Derechos  Internacionales  de  los Niños,  las  mujeres  y los  demás  a  los  que  haya  lugar.

LLAMAMOS
A  la opinión  pública  nacional  e  internacional,  a  los Organismos de protección  y defensa  de  los  Derechos  Humanos  y  del  Derecho  Internacional  Humanitario,  a  todas las  organizaciones  y  personas  amigas  de   la  justicia  social  y  sensibles  al  dolor  humano causado  por  la  barbarie  empresarial, policial y militar a que suscriban solidariamente nuestras sentidas,  urgentes y justas demandas al Estado colombiano.

JUNTA DIRECTIVA ASOCBAC
COMITÉ DE PARO

7 de noviembre de 2014





Organizaciones solicitan que la CIDH inste al Estado colombiano a cumplir obligaciones internacionales y declarar la moratoria de los proyectos minero-energéticos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- aceptó nuevamente la solicitud del Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y afectados por represas Ríos Vivos y de organizaciones colegas como Justicia y Paz, AIDA, NOMADESC y Corporación Jurídica Libertad  para hablar sobre el desplazamiento por meaproyectos en el país, donde cobra especial importancia el desplazamiento generado por las represas en Colombia. 

29 de octubre de 2014
Organizaciones solicitan que la CIDH inste al Estado colombiano a cumplir obligaciones internacionales y declarar la moratoria de los proyectos minero-energéticos y la constitución de una Mesa de Trabajo con los afectados y autoridades

Pidieron también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inste al Estado a atender adecuadamente a las víctimas de desplazamiento forzado a causa de la implementación de proyectos de “desarrollo” e intervenga para que se abra un proceso de diálogo entre víctimas y autoridades para adoptar soluciones efectivas al problema.
 
Washington D.C., EE.UU. En una audiencia celebrada el lunes pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su 153º Periodo de Sesiones, organizaciones y movimientos sociales solicitaron a este órgano internacional, instar al Estado Colombiano a reconocer el desplazamiento forzado a causa de la implementación de proyectos de “desarrollo” como una violación de derechos humanos que debe ser prevenida y atendida. Además pidieron verificar esta grave situación en los territorios impactados mediante una visita.

CIDH153.,

Las organizaciones expresaron su profunda preocupación por la situación de riesgo en la que se encuentran personas y comunidades que defienden su territorio y entorno natural. Ello ha derivado en el asesinato de 13 personas, la desaparición de una y amenazas a 25 personas que defienden los ríos en el país, incluyendo el reciente asesinato del líder comunero del pueblo Nasa, opositores a la mina la Colosa y una grave amenaza a un gobernador indígena de Cordoba. Expusieron casos concretos en los que megaproyectos han destruido territorios, ecosistemas, culturas ancestrales, causando daños irreparables como contaminación y generando desplazamiento forzado de poblaciones.

Los solicitantes presentaron ante la CIDH tres causas principales que favorecen el desplazamiento forzado por proyectos: 1. La estrecha relación entre el conflicto armado y la implementación de megaproyectos; 2. La flexibilización y violación de normas en la autorización e implementación de proyectos, y 3. Los impactos directos por la puesta en marcha de estos.

Señalaron que la violencia sociopolítica ha facilitado la implementación de proyectos mineros e hidroeléctricos, provocando el éxodo de personas de sus territorios y la apropiación de los mismos por parte de empresas. “El paramilitar Salvatore Mancuso reconoció que tres mil personas de la zona de Córdoba fueron desplazadas porque necesitaban esas tierras libres para la construcción de represas y que había que abrirle paso a los megaproyectos”, denunciaron. Indicaron además que la ejecución de los megaproyectos en Colombia imposibilita los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas del conflicto armado y del desarrollo.

Adicionalmente, señalaron que el Estado esta haciendo uso arbitrario de figuras jurídicas legales como la declaratoria de utilidad pública para dar vía libre a estos proyectos, sin considerar los impactos en derechos humanos y en el ambiente, asuntos también de interés público, lo que en la práctica se ha convertido en un mecanismo de expropiación o despojo legal, y en consecuencia, causal de desplazamiento forzado.

Los megaproyectos están afectando gravemente los territorios y las culturas ancestrales, causando daños irreparables como la contaminación ambiental que están provocando desplazamientos de poblaciones.

Están causas, que han generado por lo menos 200.000 desplazados victimas de la implementación de proyectos hidroeléctricos, fundamentan la petición realizada por las organizaciones de que sea declarada la moratoria de los megaproyectos de minería y de hidroeléctricas como única garantía de protección y prevención de mayores vulneraciones de los derechos, hasta tanto no se evalúe estructuralmente la política y se garanticen los derechos fundamentales de los afectados.

Finalmente, las organizaciones pidieron la intervención de la CIDH para que en Colombia se instale de inmediato una Mesa Integrada, donde participen los afectados, con el propósito de debatir la política minero energética y construir un modelo que no propicie el desarraigo y responda a las necesidades de las comunidades, y tenga en cuenta las advertencias realizadas por la Corte Constitucional y la Contraloría General de la Republica sobre la necesidad de definir otras formas sustitutivas de generación de energía como las estipuladas por la Comisión Mundial para Represas.
Vea nuevamente la audiencia en: 


Contactos de prensa:
Movimiento Ríos Vivos, riosvivoscolombia@gmail.com
Astrid Puentes Riaño, AIDA (Washington), +1 (202) 330-1831, apuentes@aida-americas.org
María José Veramendi, AIDA (Washington), +1 (202) 468-7535, mveramendi@aida-americas.org
Rafael Figueroa Rincón (Colombia) + (051) 3212584960 rafael.figueroa@pas.org.co

Videos:
  1. cómo las represas con su lema desarrollo generan desplazamiento de miles de comunidades.
  2.  Además conoce el testimonio de una de las niñas afectadas por el megaproyecto Hidroituango.