Miércoles 12 de noviembre en la Cra 47 Nº 53 - 45 piso 10 Sede de la corporación Jurídica Libertad explicaremos como Hidroituango se esta beneficiando del conflicto armado https://www.youtube.com/watch?v=UP6XVaupsqU&app=desktop
Además contaremos todo lo relacionado con la Audiencia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que el Movimiento Ríos Vivos Colombia presento graves denuncias sobre desplazamiento forzado por represas https://www.youtube.com/watch?v=j70U4_m9pb8
EPM-HIDROITUANGO Y ESMAD ATACAN A POBLACIÓN DE PUERTO VALDIVIA ANTIOQUIA
Ahora entendemos porque Juan Esteban Calle Gerente de EPM agradece al Ejército y la Policía por atropellar a los ciudadanos. http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/hidroituango-vence-la-violencia-en-antioquia/14811355
DENUNCIA PÚBLICA
EPM-HIDROITUANGO Y ESMAD ATACAN
A PEQUEÑOS MINEROS Y PESCADORES
HUMILDES
DE PUERTO
VALDIVIA
La Asociación de Campesinos del Bajo Cauca -ASOCBAC- y
las comunidades de pequeños mineros y pesqueros afectados por la violación
constante de nuestros derechos fundamentales y víctimas de la negligencia y
atropellos de EPM, Gobernación de
Antioquia (HIDROITUANGO) denunciamos ante la opinión pública nacional e
internacional:
HECHOS
1. Desde el 11 de octubre de
2014 adelantamos pacífica protesta contra la violación que las empresas
contratistas de HIDROITUANGO,
orquestadas por EPM y la Gobernación de Antioquia, vienen haciendo de nuestros
derechos fundamentales al trabajo, a la vida, a nuestra cultura, familia y por la defensa del río Cauca, el cual
pertenece a todos los colombianos pero que EPM, en el área correspondiente a los municipios
afectados por la construcción de la represa, ha ilegítimamente privatizado y lo
robado a sus tradicionales e históricos usuarios y protectores: nosotros los
campesinos ribereños, pequeños y artesanales mineros, pescadores, arrieros,
quienes venimos siendo desarraigados con mentiras, migajas, engaños y
represivamente.
2. El ejército nacional y el esmad
de la policía, instituciones formadas para defender los intereses de las
transnacionales y los más ricos de país, vienen violando todas las normas del
Derecho Internacional Humanitario y los Derechos humanos, como ya lo
denunciamos el día 11 de octubre de 2014, justificando su accionar en las
consignadas lanzadas desde el Ministerio de Defensa, de criminalizar y estigmatizar las luchas pacíficas adelantadas por
los pobladores víctimas de los atropellos políticos, económicos, sociales,
culturales y ambientales de las empresas contratistas de Hidroituango.
3. Es así como el día 1º de
noviembre de 2014 a las 6 a.m. en el barrio Remolinos de Puerto Valdivia,
unidades del esmad atropellaron
amenazantemente a los mineros que de manera pacífica adelantamos desde hace un
mes una justa, legítima y legal protesta. Dos camionetas y turbo, repletos de
agentes del esmad, procedentes de
Medellín, Yarumal y Valdivia, se tomaron nuestro barrio Remolinos de manera
intimidatoria y desafiante. El comandante de las unidades policiales ordenó al
jefe de personal, de nombre EMIRO, de la empresa contratista, para que obligara
a los obreros a que pasaran, literalmente, por encima de los pacíficos manifestantes,
entre los cuales había personas adultas, menores de edad y hasta mujeres en
embarazo.
4. Actitud agresiva de los
uniformados que fue alimentada a través
de engaños y mentiras por EPM y algunos de sus ingenieros, quienes timaron
a los policiales diciéndoles que la protesta no tenía ninguna razón de ser, “porque
ya EPM había llegado a un acuerdo con toda la comunidad, mineros y pescadores”.
Así, mediante el uso de sucias triquiñuelas, embustes y trampas empujan la
represión, los gases lacrimógenos y todo el terror policial y militar como solución salvaje a nuestras justas
y civilizadas reclamaciones. Solo el día miércoles 5 de noviembre, se efectuó
reunión de acercamiento entre el gobierno departamental y voceros de EPM con una delegación de mineros y
pescadores en el casco urbano de Valdivia. Como puede apreciarse, fue oscura y
criminal la desinformación impartida por EPM
a los policiales el sábado 1º de noviembre “de que había un acuerdo”. Ese es el
rostro inhumano y bárbaro del pulpo EPM, que desmiente irrefutablemente el
carácter “humano” con que quieren presentarse ante la opinión pública nacional
e internacional.
5. Así han sido siempre, es su
manejo normal y su forma de actuar: la
inmoralidad ha sido su norma, el cinismo su ética y el bolsillo propio su
objetivo fundamental. No tienen patria, su patria es el capital mundializado,
priorizan sus intereses con el gran capital privado e internacional por encima
de los legítimos intereses de la nación y el medio ambiente.
6. El mismo día miércoles 5 de
noviembre y al tiempo que se efectuaba en el casco urbano de Valdivia la
reunión de acercamiento entre las partes, agentes de la Sijin, en Puerto
Valdivia, se dirigieron a la entrada al túnel que se construye en el kilómetro
0 y sin orden judicial alguna procedieron a arrestar, apuntándoles con armas de
fuego y acusándolos de ser los causantes de los “desordenes”, a los compañeros Orlando de Jesús Gutiérrez y a Jorge
Alberto Arboleda O., quienes fueron arrojados de manera áspera y ruda a un
vehículo de la policía. Una vez fueron arbitrariamente reseñados, verificados
que eran personas de bien, sin antecedentes y ante los reclamos de toda la
comunidad del Puerto, los compañeros fueron dejados en libertad.
7. El día jueves 6 de
noviembre, dos sujetos armados, se
presentaron al barrio Remolinos, dijeron
que iban en representación de EPM y
prestaban sus “servicios” a ella, amenazaron mujeres y niños, sentenciándoles que los matarían si seguían participando de paros y
manifestaciones.
8. Este tipo de procedimientos ilegales demuestra que
la intención de tales detenciones y
amedrentamientos, van dirigidos para aterrorizar
a los manifestantes, lo que tipifica una
irrefutable conducta fascista y de terrorismo de Estado, que compromete no
solo a los agentes que tiránica y despóticamente ejecutaron las detenciones
sino a personas encubiertas pagadas
por EPM y/o por las empresas
sub-contratistas que operan en Puerto Valdivia. Estas empresas deben responder social y jurídicamente
por tales hechos.
EXIGIMOS
AL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS
Y AL GOBERNADOR DE ANTIOQUIA
SERGIO FAJARDO:
A. Que adopte las medidas inaplazables contempladas en los instrumentos internacionales de Derechos
Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, ordenando instrucciones y mecanismos
claros que busquen prevenir los riesgos que puedan afectar a la
población civil.
B. A que no
permitan los comportamientos denunciados
dentro de instituciones como EPM, pues ponen en peligro a la población civil y no están acordes a las funciones
constitucionales de la Patria.
C. Que se desarrollen
todas las acciones tendientes a proteger
la vida de
líderes y lideresas de las
justas protestas que adelantamos
los habitantes de Puerto Valdivia - Antioquia, de los defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y demás
personas
protegidas por el Derecho de Ginebra.
D. A que reprochen,
rechacen y desautoricen
públicamente las repudiables mentiras de EPM
con las cuales fue engañada la fuerza pública para que actuara contra los
manifestantes que ejercíamos el uso legítimo, constitucional y legal
de nuestro derecho a la protesta pacífica.
A LA FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN:
A. Se investigue y sancione los señalamientos, estigmatizaciones y
embustes realizados por altos
funcionarios e ingenieros de EPM porque violan
principios de nuestra democracia y ponen en peligro
a los manifestantes legitimados por nuestro
Estado Social de
Derecho y que
constituyen conductas penales descritas en el Estatuto Penal como
injuria y calumnia.
B. A que cumpla las funciones
establecidas en la ley para investigar las afectaciones
a la población
civil
y determinar
las responsabilidades individuales de los infractores en
clara violación a los Derechos Humanos y al Derecho internacional Humanitario, así estas responsabilidades sean cometidas por funcionarios ejecutivos de EPM y/o del
Estado (Gobernación de Antioquia y/o
Alcaldía Municipal de Valdivia).
A LA PROCURADURÍA GENERAL DE
LA NACIÓN:
A. Que investigue, sancione, e inicie
los respectivos procedimientos de carácter
jurídico–disciplinarios a los que
haya lugar contra los
responsables de las violaciones a los Derechos Humanos, el Derecho
Internacional Humanitario y accione todas las medidas que permitan reducir los
riesgos y las amenazas que ponen en peligro a la población civil.
B. Se investigue y sancione
los señalamientos, estigmatizaciones y engaños
realizados por funcionarios irresponsables de EPM porque violan principios de nuestra democracia
y ponen en peligro
a los manifestantes del barrio
Remolinos legitimados por nuestro Estado Social de Derecho.
C. A que cumpla las funciones establecidas en la ley
para investigar, sancionar y determinar las
responsabilidades individuales de los infractores
en clara violación a los Derechos Humanos y al Derecho
Internacional Humanitario.
A LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE
VALDIVIA:
A. Que basados en las funciones constitucionales de las Personerías en Colombia
brinde y defienda las garantías a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional
Humanitario, aunque esas violaciones
provengan incluso de instituciones como EPM
y del mismo Estado como la fuerza pública.
B. A que en derecho, y en uso de
sus funciones realice lo concerniente para no permitir los señalamientos, las estigmatizaciones y los
engaños pues estás lamentables e
ilegales practicas no deben ser permitidas a los funcionarios públicos y/o
privados porque van en contravía
de las leyes de nuestro país y contra las
obligaciones adquiridas mediante los acuerdos suscritos por el Estado
colombiano en materia de Derechos Humanos.
A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO:
Para que en consecuencia de sus funciones claramente establecidas en la
constitución y la ley,
defienda y no descansen hasta
garantizar el cumplimiento
de los Derechos Humanos,
del Derecho Internacional Humanitario, del Código
de Infancia y Adolescencia,
de los Derechos Internacionales de los
Niños, las mujeres y los demás
a los que
haya lugar.
LLAMAMOS
A la opinión pública nacional e internacional,
a los Organismos de protección y defensa de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, a todas
las organizaciones y personas amigas de la justicia social y
sensibles al dolor
humano causado por
la barbarie empresarial, policial y militar a que
suscriban solidariamente nuestras sentidas, urgentes y justas demandas al Estado colombiano.
JUNTA DIRECTIVA ASOCBAC
COMITÉ DE PARO
7 de noviembre de 2014
Organizaciones solicitan que la CIDH inste al Estado colombiano a cumplir obligaciones internacionales y declarar la moratoria de los proyectos minero-energéticos
La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- aceptó nuevamente la solicitud
del Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y afectados por
represas Ríos Vivos y de organizaciones colegas como Justicia y Paz, AIDA, NOMADESC y Corporación Jurídica Libertad
para hablar sobre el desplazamiento por meaproyectos en el país, donde
cobra especial importancia el desplazamiento generado por las represas
en Colombia.
Organizaciones solicitan que la CIDH
inste al Estado colombiano a cumplir obligaciones internacionales y
declarar la moratoria de los proyectos minero-energéticos y la
constitución de una Mesa de Trabajo con los afectados y autoridades
Pidieron también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inste al Estado a atender adecuadamente a las víctimas de desplazamiento forzado a causa de la implementación de proyectos de “desarrollo” e intervenga para que se abra un proceso de diálogo entre víctimas y autoridades para adoptar soluciones efectivas al problema.
Washington D.C., EE.UU. En una audiencia
celebrada el lunes pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) en el marco de su 153º Periodo de Sesiones,
organizaciones y movimientos sociales solicitaron a este órgano
internacional, instar al Estado Colombiano a reconocer el desplazamiento
forzado a causa de la implementación de proyectos de “desarrollo” como
una violación de derechos humanos que debe ser prevenida y atendida. Además pidieron verificar esta grave situación en los territorios impactados mediante una visita.
Las organizaciones expresaron su
profunda preocupación por la situación de riesgo en la que se encuentran
personas y comunidades que defienden su territorio y entorno natural.
Ello ha derivado en el asesinato de 13 personas, la desaparición de una y
amenazas a 25 personas que defienden los ríos en el país, incluyendo el
reciente asesinato del líder comunero del pueblo Nasa, opositores a la
mina la Colosa y una grave amenaza a un gobernador indígena de Cordoba.
Expusieron casos concretos en los que megaproyectos han destruido
territorios, ecosistemas, culturas ancestrales, causando daños
irreparables como contaminación y generando desplazamiento forzado de
poblaciones.
Los solicitantes presentaron ante la
CIDH tres causas principales que favorecen el desplazamiento forzado por
proyectos: 1. La estrecha relación entre el conflicto armado y la
implementación de megaproyectos; 2. La flexibilización y violación de
normas en la autorización e implementación de proyectos, y 3. Los
impactos directos por la puesta en marcha de estos.
Señalaron que la violencia sociopolítica ha facilitado la implementación de proyectos mineros e hidroeléctricos, provocando el éxodo de personas de sus territorios y la apropiación de los mismos por parte de empresas. “El paramilitar Salvatore Mancuso reconoció que tres mil personas de la zona de Córdoba fueron desplazadas porque necesitaban esas tierras libres para la construcción de represas y que había que abrirle paso a los megaproyectos”, denunciaron. Indicaron además que la ejecución de los megaproyectos en Colombia imposibilita los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas del conflicto armado y del desarrollo.
Adicionalmente, señalaron que el Estado
esta haciendo uso arbitrario de figuras jurídicas legales como la
declaratoria de utilidad pública para dar vía libre a estos proyectos,
sin considerar los impactos en derechos humanos y en el ambiente,
asuntos también de interés público, lo que en la práctica se ha
convertido en un mecanismo de expropiación o despojo legal, y en
consecuencia, causal de desplazamiento forzado.
Los megaproyectos están afectando
gravemente los territorios y las culturas ancestrales, causando daños
irreparables como la contaminación ambiental que están provocando
desplazamientos de poblaciones.
Están causas, que han generado por lo
menos 200.000 desplazados victimas de la implementación de proyectos
hidroeléctricos, fundamentan la petición realizada por las
organizaciones de que sea declarada la moratoria de los megaproyectos de
minería y de hidroeléctricas como única garantía de protección y
prevención de mayores vulneraciones de los derechos, hasta tanto no se
evalúe estructuralmente la política y se garanticen los derechos
fundamentales de los afectados.
Finalmente, las organizaciones pidieron
la intervención de la CIDH para que en Colombia se instale de inmediato
una Mesa Integrada, donde participen los afectados, con el propósito de
debatir la política minero energética y construir un modelo que no
propicie el desarraigo y responda a las necesidades de las comunidades, y
tenga en cuenta las advertencias realizadas por la Corte Constitucional
y la Contraloría General de la Republica sobre la necesidad de definir
otras formas sustitutivas de generación de energía como las estipuladas
por la Comisión Mundial para Represas.
Vea nuevamente la audiencia en:
Movimiento Ríos Vivos, riosvivoscolombia@gmail.com
Astrid Puentes Riaño, AIDA (Washington), +1 (202) 330-1831, apuentes@aida-americas.org
María José Veramendi, AIDA (Washington), +1 (202) 468-7535, mveramendi@aida-americas.org
Rafael Figueroa Rincón (Colombia) + (051) 3212584960 rafael.figueroa@pas.org.co
Videos:
- cómo las represas con su lema desarrollo generan desplazamiento de miles de comunidades.
- Además conoce el testimonio de una de las niñas afectadas por el megaproyecto Hidroituango.
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