Despojados de su trabajo, de su forma de vida, de sus medios de subsistencia, así quedaron los mineros y mineras del Icura en Briceño Antioquia.

El día lunes 26 de diciembre de 2011 fueron desalojados los mineros y mineras artesanales de las playas conocidas como Icura El Limón, en jurisdicción del municipio de Briceño, Antioquia.

Desde las 6:30 a.m. ingresaron, como era frecuente, los hombres de la empresa de vigilancia VISE LTDA, quienes realizaron un listado de las personas que se encontraban a esa hora en la playa, sin aceptar incluir a mineros y mineras que fueron llegando poco después.

Aproximadamente a la 1:20 p.m. ingresaron alrededor de 30 hombres del ESMAT, 5 hombres de la policía,  la inspectora de policía de Briceño, un hombre del Ejército de civil, el comisario de familia de Briceño, dos fotógrafos y un funcionario de la empresa EPM, quien se ha identificado en otras ocasiones sin decir su nombre como “un simple contratista”.  Poco más tarde llego el personero de Briceño con su escolta personal.

La orden de la inspectora fue “ya se les acabo el plazo, se les ha notificado varias veces, empaquen para que se vayan” A la pregunta que muchos hicieron “¿entonces de que vamos a vivir, como nos vamos a conseguir la comida?” la inspectora contestó “eso ya es cosa de ustedes”

A algunas personas les tomaron fotos trabajando, a otras en sus ranchos y después de que habían empacado, el ESMAT procedió a desbaratar los ranchos.

En la oscuridad quedó la comunidad minera que trabajaba del Puente Pescadero aguas abajo hasta la desembocadura del Rio Ituango en el Rio Cauca, las playas de ambas márgenes has sido desalojadas mediante la misma figura jurídica, pero con distintos procesos, esta era la última de las playas en donde las personas de la zona podían desarrollar su actividad económica.

El primer desalojo se dio en jurisdicción de Ituango el 16 de diciembre de 2010 mediante amparo policivo expedido por el inspector de policía de Ituango, con fecha del 3 de diciembre, entregado el 15 y desalojados el 16, los mineros interpusieron una tutela por el debido proceso, pero esta fallo en su contra en dos instancias de este municipio.  No obstante, en los desalojos siguientes el amparo policivo ha sido directamente expedido por el alcalde de Briceño.  En el desalojo del sector conocido como Capitán el amparo policivo fue entregado el 25 de enero de 2011, los mineros y mineras interpusieron recurso de reposición, les fue negado y fueron desalojados en el mes de  junio, después el mismo alcalde les entrego a todos los desalojados un documento en el que constaba que los conocía como mineros. En este último desalojo las personas recibieron tres notificaciones firmadas por este alcalde, la primera el 18 de agosto de 2011, también interpusieron recurso de reposición y les fue negado, su desalojo se da cuatro meses después.

“Quedamos en la oscuridad, sin saber para donde coger, sin saber que hacer”

“Aunque uno ya sabía que lo iban a sacar como nos habían dicho a las buenas o a las malas, uno no cree que le puedan quitar el rio”

Nos quitaron el rio el que nos vio crecer”, la tristeza y desazón se ve en sus rostros, inquietos por su futuro se preguntan si aparecerán ahora en la larga lista de desempleados del país, inquietos hablan si será fácil buscar trabajo en Medellín o en otra ciudad, o si pedir trabajo como jornaleros en las fincas de la zona, o en la misma represa, pero rápidamente la tristeza vuelve al reconocer que no desean ser otra cosa que mineros y mineras y que ese deseo no podrá ser más por un proyecto que les quito su forma de vida.

Unos días atrás ante la impotencia de no poder hacer nada para que los dejaran seguir trabajando, buscaron la posibilidad de ingresar a otras playas ubicadas del Puente Pescadero aguas arriba, que aún no han sido desalojadas, pero el Ejercito y los vigilantes de la empresa Vise LTDA, no se los permitieron, argumentando que ellos ya tenían su “proceso” en la playa de Icura y que les quedaba prohibido el ingreso a otras playas.

El personero de Briceño se comprometió con la comunidad minera a entregar los listados de “beneficiados” el 10 de enero de 2012.

Tanto en el primer desalojo como en el último, hay un hecho en común, la contaminación de las aguas con la construcción de la vía sustituta, en ambos casos se ubicaron aserraderos de madera en la parte alta de las quebradas contaminando las aguas que consumía la comunidad minera.

También fueron “desalojados” de una protesta pacífica.

“…que injusticia, el Estado si puede tomar agua y uno no

Desde las 10:30 de la mañana, aproximadamente 8 hombres del ESMAT, 5 del Ejercito y dos funcionarios que no se identificaron ingresaron a la zona de construcción de la vía sustitutiva que conducirá a Ituango, en donde se encontraban 2 mineras y 3 mineros cuidando las aguas necesarias para su subsistencia en la playa Icura.  La comunidad minera inicio el cuidado de las aguas desde el pasado 6 de noviembre de 2011 hasta su desalojo el 26 de diciembre, es decir, un mes y veinte días cuidando las aguas e impidiendo con esto su contaminación y la continuidad de la obra.  

Al mostrarle a un integrante del ESMAT el acta con el compromiso incumplido de la empresa constructora, de no continuar las obras hasta tanto no les diera solución a los problemas que padecían, el peligro por la caída de rocas y tierra, la contaminación de las aguas y por tanto las enfermedades que estaban padeciendo y la sequia de algunas quebradas.  La respuesta fue que ese documento no tenía ninguna validez, que ese papel no servía para nada.

El mismo integrante del ESMAT les indico que miraran el listado en la Alpujarra a ver si habían salido “favorecidos”, además, que en El Valle había una personera de Medellín y que alguien debía ir a hablar con ella, que no era EPM la que los tenía que buscar que eran ellos los que tenían que buscar las soluciones.

Un camión esperaba a las personas que protestaban, el militar le indico a la líder que le ordenara a su gente que se retirara, ante la respuesta de esta “yo no le ordeno a nadie nada” el militar hizo que se acercara una de las maquinas en forma amenazante.  Los cinco mineros y mineras que realizaban la protesta ante esta amenaza deciden retirarse, tres se fueron caminando y dos aceptan ser llevados a hablar con la personera que según el militar estaba en El Valle, pero fueron llevados a la curva de la Bruja, en el inicio del camino para la Playa de Icura, no era cierto lo de la personera de Medellín.

Con gran decepción la comunidad minera expresa como se sintió humillada por Corantioquia, ante quien se puso la queja sobre la contaminación de las aguas, pues la funcionaria que visitó la zona parecía funcionaria de EPM. El 1 de diciembre Ana Cristina Agudelo realizó la visita, solicitada por la comunidad minera, en compañía de funcionarios de la empresa constructora de la vía, desde el principio afirmó a los protestantes que eran unos “ilegales”, lo primero que solicitó fueron los títulos mineros, después los papeles para consumir el agua, la comunidad que cuidaba las aguas no entendía que tipo de papeles eran, afirmaron que nunca en sus vidas habían escuchado que había que pedir permiso para tomar de las aguas que corrían por esas tierras. Después de un corto recorrido, de observar los videos, las aguas contaminadas, las quebradas secas, una de las maquinas votando en exceso aceite que va a parar a las aguas, afirmó que todos los recursos naturales eran del Estado y que ellos estaban cogiendo agua “ilegal”, además de insistir en que eran mineros “ilegales”.

Las mujeres las más afectadas.

Son pocas las mujeres que ejercen la minería en este empinado cañón, en algunos casos son además de mineras madres, esposas, hermanas e hijas de otros mineros, encargadas de labores de la cocina, además de “minear”.  Es una vida difícil para las mujeres, en la que no se abandona su rol tradicionalmente asignado, en el desalojo ocurrido el 16 de diciembre uno de los mineros decía “no le dejaron ni sacar el almuerzo que hacia mi vieja”.  Las madres solteras deben buscar la protección de otros hombres para sobrevivir en este ambiente.

La mayoría de los mineros y mineras se han retirado de las playas antes de los desalojos, por Miedo, a que los maten, a que los involucren con la guerrilla, a que lleguen los paras, a que los maltraten, a que los insulten, a que los humillen, el. Miedo sigue siendo el factor que más favorece al proyecto hidroeléctrico.  De aproximadamente 200 mineros y mineras artesanales que habían sido acorralados en esta playa para inicios del año 2011, al final sólo quedaban aproximadamente 80 que fueron los desalojados el día lunes.

Pero el Miedo no es suficiente para las mujeres, algunos de los hombres que salieron consiguieron empleo en la construcción de la vía como obreros –mano de obra no calificada- otros se la “rebuscan” día a día como jornaleros o se han ido de la zona.  Pero todas las mujeres que salieron por Miedo regresaron a la playa a seguir trabajando hasta que se lo permitiera el proyecto, el lunes pasado, “a las mujeres no nos tienen en cuenta para esos trabajos de la hidroeléctrica” “…tampoco disque servimos pa jornaliar” “buscamos trabajo en otras cosas y no encontramos por eso volvimos y si no nos resuelven volveremos a buscarle el ladito al rio que es el único que no nos niega trabajo”


Se ha vuelto frecuente la voladura de torres de energía en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango.

Ayer 27 de diciembre de 2011, a las 8:00 p.m. Según reportó hoy a las 6:54 a.m. Caracol Radio, el frente 36 de las FARC dinamitaron dos torres en la Vereda Cacaual y afecto el suministro de energía a San Andrés de Cuerquia, Ituango y Peque, además del corregimiento de El Valle de Toledo.  No hay servicio en algunas áreas rurales de estos municipios.  Ante la posibilidad de nuevos ataques en los cascos urbanos de los municipios afectados por la voladura de las torres las autoridades policiales y militares extremaron las medidas de seguridad.

Llama la atención que se den estos hechos en el mismo lugar que los anteriores atentados y no obstante las autoridades no los puedan evitar.

Magistrada de Tribunal de Justicia y Paz solicitó investigar hasta qué punto acciones militares de las Auc beneficiaron el proyecto energético, actualmente en ejecución.




Aspecto de uno de los frentes de obra del proyecto Hidroituango. Foto: Verdadabierta
Una difícil tarea tendrá la Fiscalía 15 de la Unidad de Justicia y Paz en Medellín: investigar si las operaciones paramilitares del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a finales de la década del noventa y comienzos del dos mil favorecieron el desarrollo del proyecto de construcción de la hidroeléctrica más grande que tendrá el país, conocida como Hidroituango, actualmente en ejecución.

La petición fue hecha por la Magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín que presidió la audiencia de legalización de cargos contra José Higinio Arroyo Ojeda, alias ‘Caballo’ y ‘8-5’, excomandante del Frente Briceño del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), durante la cual se detalló cómo operó esta estructura armada ilegal en el Norte de Antioquia (Ver nota anexa).

La legalización estuvo a cargo de Patricia Hernández, Fiscal 15 de la Unidad de Justicia y Paz, quien afirmó que “el principal obstáculo para este proyecto, fue la presencia de la guerrilla. En 1996 entró el Bloque Mineros a Ituango y justo dos años después se constituyó la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero S.A.”.

Esa sociedad se creó el 31 de diciembre de 1997 en la Gobernación de Antioquia, es decir, el último día de gobierno del entonces mandatario regional Álvaro Uribe Vélez. Para la historia del departamento, es una fecha clave, pues se comenzaba  a concretar un sueño de la dirigencia antioqueña iniciado en 1969, cuando se hizo el primer estudio sobre el aprovechamiento del río Cauca para la generación de energía en la subregión del Norte. En la actualidad, el proyecto es de propiedad del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, Empresas Públicas de Medellín y pequeños socios, del sector público y privado.

Pero a la par que evolucionaba el proyecto, el avance paramilitar también lo hacía. La Fiscal 15 detalló que entre 1996 y 1998 se perpetraron por lo menos 15 masacres en los municipios  de influencia de la futura hidroeléctrica. Las primeras tres ocurrieron en 1996; en 1997, se perpetraron cuatro más; y en 1998, se realizaron ocho asesinatos masivos. Los municipios afectados fueron Ituango, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Briceño, Olaya, Yarumal y San Andrés de Cuerquia, entre otros. Luego, hasta el año 2002, la constante fue asesinar campesinos de manera selectiva, acusados de auxiliar a las guerrillas de las Farc y el Eln.

Aunque la Fiscal Hernández no presentó las pruebas que podrían confirmar su hipótesis, explico algunas razones que la llevan a plantear que “lo más importante para este proyecto era lograr sacar a la guerrilla y como dicen los militares, pacificar la zona para poder darle vía libre a las obras”. A su juicio, “el trabajo sucio lo hicieron los paramilitares”.

Si bien el Bloque Mineros no pudo consolidar su dominio en Ituango, un municipio donde históricamente las Farc han tenido su santuario en los alrededores del Nudo del Paramillo, si logró hacerlo en municipios vecinos como Briceño, Toledo y San Andrés de Cuerquia, desde donde mantuvieron la ofensiva contra la guerrilla, hasta cuando en el 2003 llegó a la región una brigada móvil y un grupo de contraguerrilla del Ejército.

Según Hernández, “la riqueza en recursos naturales (de esos municipios) ha sido un motivo para que grandes grupos económicos se interesen en explotarlos. La presencia de este capital natural y económico es una de las razones por la que los grupos armados ilegales han hecho presencia activa en estos lugares”.

Ante las hipótesis planteadas por la Fiscalía 15 de la Unidad de Justicia y Paz, la Magistrada que presidió la legalización de cargos afirmó que “es muy importante conocer quiénes fueron los primeros dueños de las acciones que luego compraría el Idea, la Gobernación de Antioquia y EPM”. Por esta razón, le ordenó a la Fiscal investigar quiénes era los dueños de las acciones que adquirieron las instituciones departamentales para rastrear el origen de los vendedores y la forma en la qué se realizó el negocio de la venta.

La composición acccionaria de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango está distribuida de la siguiente manera: El Instituto para el Desarrollo de Antioquia tiene el 52,89%; Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC) el 46,47%; y un restante 0,64% está en poder de otros accionistas, entre públicos y privados.

Al respecto, la Magistrada le solicitó a la Fiscal 15 identificar “quiénes son esos otros accionistas” con el fin de investigar si alguno tuvo relaciones con los paramilitares o se vio beneficiado por las acciones perpetradas por las Auc, a través del Bloque Mineros.

La hidroeléctrica de Ituango, una vez concluida, será la más grande del país, tanto en extensión como en capacidad para generar electricidad: la casa de máquinas albergará 8 turbinas, capaces de generar 2.400 megavatios de energía; el embalse tendrá una longitud de 75 kilómetros, que contendrá 2.700 millones de metros cúbicos de agua; la cuenca, incluyendo las zonas de protección, cubre 12.800 hectáreas; y la presa tendrá una altura de 225 metros. Se estima que tendrá un costo final de 5.500 millones de dólares.

El proyecto está localizado a 171 kilómetros de Medellín y beneficiará de manera directa a los municipios de San Andrés de Cuerquia, Toledo, Ituango, Briceño, Yarumal, Sabanalarga, Peque, Buriticá, Liborina, Santa Fe de Antioquia y Olaya.

Tras la desmovilización de los paramilitares del Bloque Mineros el 20 de enero de 2006, cobraron protagonismo nuevamente el Frente 36 de las Farc y algunas bandas criminales emergentes, que se establecieron en los sitios estratégicos para el control de la producción y el tráfico de la droga. Actualmente la zona está siendo asegurada por cerca de 2.000 hombres del Ejército.
Se espera que en próximos meses, los resultados de las investigaciones solicitadas por la Magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín sean presentadas por la Fiscalía 15, momento en el cual se comenzarán a tomar decisiones con respecto a la apertura o no de procesos penales contra aquellos que resultasen ligados al Bloque Mineros de las Auc.

http://www.verdadabierta.com/component/content/article/44-procesos-judiciales-justicia-y-paz/3766-investigaran-si-paras-favorecieron-proyecto-hidroituango/

El trasteo de un rio

http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articulo-317964-trasteo-de-un-rio-guajira



Al parecer el apetito por el dinero ha hecho que se olvide que la vida en este planeta depende del agua, de la tierra y del aire.  Los proyectos minero energéticos olvidan este principio y la lógica del capital se impone a otras lógicas como la ambiental y la social. Supuestamente todo se puede compensar, mitigar, pero la mayoría de poblaciones ribereñas tienen fuertes lazos culturales que los ríos ¿Cómo compensar esto? ¿Cómo ponerle precio a una cultura?

En el caso del proyecto Pescadero Ituango los cañoneros perderán su cultura, sin contar con los graves impactos ambientales y por tanto culturales aguas abajo de la presa, el rio Cauca vera disminuidas sus aguas y en época de lluvias serán más grandes las inundaciones, que hoy según Caracol Radio (20 de diciembre de 2011) afecta sólo en el municipio de Caucacia a 20.000 personas.  Se ha pensado en el desastre natural que vivirán estas comunidades cuando este la represa Ituango. ¿A caso EPM Ituango ha informado a todos los municipios del Bajo Cauca de lo que ha ocurrido en otras represas como la de Urra, tan cercana, en términos de las inundaciones e impactos ambientales?   
 

Si para algo debe servirnos la oleada de damnificados por el invierno es para pensar en la importancia de NO realizar obras que afecten el curso natural de los ríos y ciénagas por más dinero que arrojen no se podrán resarcir sus daños.  
http://notiagen.wordpress.com/2011/11/23/el-senador-jorge-robledo-muestra-como-las-transnacionales-minero-energeticas-evaden-impuestos-al-pais/

El senador Jorge Robledo muestra cómo las transnacionales minero-energéticas evaden impuestos al país

Robledo: «Si hay una cosa abstrusa en Colombia es el sistema impositivo que está diseñado para que nadie lo entienda porque de la confusión salen las ganancias; el país puede ser literalmente saqueado si se les antoja a las empresas».

La intervención del senador del Polo Democrático Alternativo (PDA) Jorge Enrique Robledo en la Comisión Quinta del Senado el 22 de noviembre de 2011 ayudó a aclarar las cifras sobre dónde se quedan los impuestos al sector minero-energético en Colombia y aportó luces para entender su importancia económica para las finanzas del país. La conclusión es que a parte de que el Estado rebaja impuestos para favorecer la inversión y aporta recursos como infraestructura o seguridad para mejorar y proteger el negocio, las empresas hacen lo posible para evadir sus obligaciones fiscales. El Estado se lo pone fácil: 16 personas del Ministerio de Minas y Energía controlan la producción diaria de los 341 yacimientos de petróleo que hay en el país; y a cada uno de los 105 auditores de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) le corresponde vigilar 13.304 declaraciones de renta (de las cuales, 46 son del sector minero-energético). Consecuencia: el monto de las regalías depende casi exclusivamente de la información que suministran las propias empresas a su conveniencia.

Los empujes a la locomotora minero-energética
Desde que Juan Manuel Santos se instaló como presidente de Colombia fijó como una de sus “locomotoras” económicas el sector minero-energético. Con ello estaba indicando que el Gobierno concedería todas las facilidades para que las empresas transnacionales, principalmente, inviertan en el país porque eso traería grandes beneficios. Robledo aseguró que por cada 68 dólares que se invierten en el país en ese sector, salen 100 con lo que Colombia se convierte en exportador neto de capital. Robledo advierte que Colombia no está siendo capaz de producir las divisas para que su aparato productivo funcione: «El desbalance de la cuenta corriente de la balanza de pagos en 2010 llega a 8.500 millones de dólares; el país se está literalmente desbarantando con lo que el discurso de que la inversión extranjera nos salva no es real: está saliendo más plata de la que entra».
Los esfuerzos gubernamentales en los últimos años se han dedicado a generar la suficiente confianza para la inversión extranjera. Por ello la Ley 756 de 2002 alteró el porcentaje de las regalías —impuesto a los recursos naturales extraídos— que quedó dependiendo del volumen de producción. Por ejemplo el porcentaje en el sector petrolero entre 1994 y 2002 era del 20% para todos los yacimientos, sin importar el volumen de la producción. Hoy en día los cálculos según los datos del Ministerio de Minas para todos los campos petroleros son de un promedio del 13,69% en regalías. Para Robledo, las regalías deberían aumentar por volumen de producción y por precio del producto para que cuando suban los precios del oro o el petróleo, ello también se vea reflejado en los ingresos para el Estado.

Los incentivos y el mejoramiento del marco legal
En el año 2003 el Gobierno transformó la estatal Empresa Colombiana de Petróleos en Ecopetrol S.A. y le abrió las puertas de la privatización. También creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) como ente administrador y regulador del recurso hidrocarburífero del país con lo que, según la misma ANH, «comenzó la transformación de Colombia en un país nuevamente prospectivo y atractivo para los inversionistas nacionales y extranjeros». Las “Razones para invertir en Colombia” de la ANH son un resumen de las ventajas del país que muestran un panorama inmejorable: «En la actualidad Colombia presenta un régimen atractivo, estabilidad económica y política (entre las mejores de Latinoamérica), una Agencia plenamente operativa, una elevada confianza entre los inversionistas y un gran potencial geológico».
Las ventajas para las empresas de invertir en Colombia las resume un estudio de la firma Ernst & Young de 2011 sobre las transacciones en el sector de minería y metales en el mundo durante el año 2010 y el panorama para 2011 que señaló lo siguiente: «El nuevo gobierno colombiano considera que el sector de minerales y metales es una locomotora que impulsará el crecimiento económico y ha introducido medidas a favor de la inversión extranjera. Soportándose en incentivos tributarios, liberalización y en un mejoramiento del marco legal, se ha incrementado la participación extranjera en la economía, la inversión extranjera directa —particularmente en los sectores de minerales y metales— está liderando el sector económico. Una serie de reformas han tenido éxito en reducir la burocracia, simplificar los procedimientos administrativos, proteger la inversión y en incrementar la transparencia del gobierno. La estabilidad de la tenencia está garantizada con contratos mineros que se renuevan automáticamente por el tiempo de agotamiento de la mina».
Desde el 22 y hasta el 25 de noviembre tiene lugar el XIV Congreso Colombiano de Petróleo y Gas 2011 “Petróleo, Gas y Biocombustibles: Locomotora para el progreso” en el Country Club de Bogotá que organiza hace 26 años la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (ACIPET). En el evento cuya inscripción individual cuesta 928 dólares tendrá lugar el prelanzamiento de la “Ronda Colombia 2012” —la ANH ya convocó la llamada “Ronda Colombia 2010” en 2009 para ofertar 170 bloques petroleros en todo el territorio colombiano— y se hablarán, probablemente, de las necesidades de las empresas extractivas para seguir obteniendo más ventajas para su negocio.

Trabas ambientales
Por ejemplo, al presidente de ACIPET, Héctor Barrera, le molesta la demora en las licencias ambientales ya que reclama que en 2009 tardaban seis meses en ser aprobadas y en la actualidad más de un año. Barrera sostiene que si no fuera por ese obstáculo, «ya estaríamos produciendo un millón de barriles diarios», meta del Gobierno para la producción petrolera que todavía no alcanza ya que está situada en los 830.000 barriles diarios, según las empresas.
Las preocupaciones del sector empresarial son las trabas que ven en las licencias ambientales, la falta de infraestructura y la carga impositiva como ya apuntaron en el “Mining Management Summit” el 21 de noviembre en el Hotel Sheraton de Bogotá con la presencia de empresarios nacionales e internacionales. En ese evento cuya inscripción individual tiene un costo de 580 dólares, el recién ministro de Minas y Energía, el economista Mauricio Cárdenas, hizo un llamado para que las autoridades ambientales solucionen la confusión que hay en las exigencias para la actividad minera. Según información de Portafolio, diario económico organizador del evento, el funcionario señaló que no se puede confundir exploración con explotación y exigirles a las compañías acciones de mitigación como si ya estuvieran extrayendo los recursos cuando apenas están conociendo el potencial del subsuelo.

Inversión billonaria en infraestructura
El Gobierno a través del ministro Cárdenas en su documento presentado en el Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura anunció la inversión billonaria con la que pretende resolver las necesidades de infraestructura que el sector privado ha requerido con urgencia para el sector minero-energético. Así, oleoductos, gasoductos, puertos, centros de almacenamiento, obras de dragado para navegabilidad marítima y fluvial, subestaciones y expansión de energía, modernización de refinerías y red ferroviaria hacen parte del plan de inversiones que supera los 7.000 millones de dólares hasta el 2014. Según Cárdenas, el objetivo es que el sector disponga de las condiciones necesarias para asegurar el suministro confiable de hidrocarburos y energía eléctrica.

Sistema impositivo abstruso
El senador Jorge Enrique Robledo afirmó en el debate de la Comisión Quinta que «si hay una cosa obstrusa en Colombia es el sistema impositivo que está diseñado para que nadie lo entienda porque de la confusión salen las ganancias». El senador del PDA indica que también hay una confusión en el manejo de cifras y términos ya que hay informes que separan sectores (hidrocarburos y minería) y rubros (como regalías o impuestos) y luego los mezclan. Advierte que así los impuestos son más fáciles de evadir, que hay problemas de auditoría y de normas, que se manipulan cifras frente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), que hay descuentos tributarios por la vía de la legalidad y algo que le parece muy grave: el Gobierno cree las cifras que le reportan las transnacionales —que son la base para el cobro de regalías— por una cuestión de fe pues no hay capacidad de comprobarlas.

Canon superficiario
Según un estudio del consultor, docente y economista Guillermo Rudas, los mineros deberían pagar por canon superficiario —impuesto por explorar un área que depende de su extensión en hectáreas— entre 150.000 y 450.000 millones de pesos anuales pero INGEOMINAS recibe entre cinco y catorce veces menos por este canon. Rudas señala que el ente estatal no reporta si esos ingresos están siendo redirigidos a los entes municipales o departamentales y tampoco si ha anulado los títulos que otorgarían esos ingresos.
Así, entre 2005 y 2009 se debieron pagar por canon superficiario como mínimo 293.832 millones de pesos pero INGEOMINAS reportó $99.948 millones de ingresos por este concepto: una diferencia de 193.884 millones, que es la cifra que la minería ha dejado de pagar. Es posible que esta cifra sea mayor, como lo señala Rudas, pues hay empresas que deben pagar más de un salario mínimo diario por hectárea —que es el valor con que se establece el pago—.
En la entrevista deSalud Hernández a Guillermo Rudas en La República del 18 de julio de 2011, éste afirma: «Disparan las exenciones fiscales y llegan casi a anular las regalías. Pasan de 6 billones de regalías en el 2007 y exenciones tributarias de menos de un billón, a regalías de 6,5 billones en el 2009 y beneficios fiscales de 3,5 billones. Más de la mitad de las regalías se las están devolviendo. Permiten deducir las inversiones como si fueran costos de producción y con ello se anula prácticamente la obligación de impuesto a la renta».

Irregularidades descritas por la DIAN
El informe “El sector minero como motor del desarrollo” del director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega López, del 6 de octubre de 2011 señala irregularidades de algunas empresas del sector petrolero. Literalmente:
  • Inflan el valor contable de los activos fijos.
  • Incluyen gastos como activos fijos.
  • Reciclan activos fijos viejos ya depreciados para aprovechar la deducción especial.
  • Incrementan las provisiones aceleradamente sin responder a una racionalidad económica, para incrementar costos. Estos recursos se conservan en efectivo en el exterior.
  • Disfrazan de legal, importaciones ilegales de equipos robados en Venezuela y Ecuador que incluyen como activos fijos que usan para la deducción especial.
  • Sobornan a los empleados de aduanas proliferando la corrupción y las malas prácticas.
  • Inflan los costos de los servicios contratados (transporte, servicios técnicos y asistenciales, etc.) para disminuir la base gravable.
  • Contratan servicios con firmas cuyos representantes legales son los mismos abogados asesores de las compañías.
Muchas de las irregularidades tienen que ver con inflar los costos y las inversiones en activos fijos; esta práctica se usa para disminuir el impuesto de renta aumentando las deducciones. Para sacar la renta líquida gravable —que es la cifra a la que se le aplica la tarifa del 33%— a los ingresos se les restan los costos y las deducciones (gastos operacionales de administración y de ventas, deducción por inversiones en activos fijos y otras). Al inflar los gastos e inventarse inversiones en activos fijos, las empresas aumentan las deducciones para, tal y como afirma el director de la DIAN, «disminuir la base gravable» con lo que reducen el valor del impuesto de renta que deben pagar.
Sobre el sector minero, el informe de la DIAN refleja una situación similar sobre las prácticas de algunas empresas. Literalmente:
  • Efectúan transacciones con entidades en paraísos fiscales.
  • El 100% de las ventas lo hacen a compañías vinculadas.
  • No hay información disponible (estados financieros, composición del negocio, etc.) de los compradores.
  • Presunción de profit-shifting [reubicación de ingresos en países de baja imposición fiscal] para disminuir la base gravable y ser responsables de un menor impuesto a cargo.
Problemas de auditoría
Para las cuestiones de auditoría y fiscalización los números no son tan boyantes. Por ejemplo, según el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega López, «el número de funcionarios auditores para fiscalizar los contribuyentes de los sectores minero e hidrocarburos a nivel nacional son 105». Si vemos que los declarantes del impuesto de renta en el año 2010 de ese sector son 4.868 (2.631 personas jurídicas y 2.217 naturales), eso significa que a cada funcionario de la DIAN le corresponde vigilar las declaraciones de 46 contribuyentes. El problema viene cuando miramos que estos 105 funcionarios no sólo se encargan de vigilar y controlar estos sectores, pues deben fiscalizar todos los sectores económicos del país que implican, según el impuesto de renta para 2009, 1.397.012 contribuyentes (1.099.865 personas naturales y 297.147 jurídicas). Conclusión: a cada auditor de la DIAN le corresponde vigilar 13.304 declaraciones de renta anuales.
Por otro lado, según el Ministerio de Minas y Energía, 16 personas controlan la producción de los 341 yacimientos petroleros que hay en el país, es decir, cada funcionario supervisa cada día la producción de 22 pozos que es la base para la imposición de las regalías. La conclusión es que el monto de las regalías depende casi exclusivamente de la información que suministran las empresas.
El Ministerio de Minas señala que la reciente creación de la Agencia Nacional Minera y los recursos que la Ley de regalías destina a la fiscalización —un 2% del total— van a mejorar la fiscalización estatal. Esa cantidad destinada a la fiscalización serían unos 170.000 millones de pesos anuales para lo que el Ministerio está adelantando un proceso de selección pública para la contratación con firmas externas de algunas actividades de apoyo a la fiscalización. Para el senador Robledo, «algunas de estas actividades se van a privatizar para montar un negocio con la fiscalización y esa función le corresponde al Estado, no puede renunciar al control del recaudo. ¿Por qué tiene que ganar el capital privado en cada cosa que hace el Estado?».

Hay que proteger la bonanza petrolera
Además de todo lo anterior, el Estado intenta garantizar la seguridad del negocio. El Plan Energético y Vial consta de once batallones de 800 a 1.000 efectivos del Ejército ubicados en ciudades intermedias en las cuales tienen presencia empresas de petróleo, carbón, oro y de generación eléctrica. Con cifras de 2005, el mayor del Ejército Nacional José Obdulio Espejo Muñoz sostiene que el dinamismo económico «ocurre en el sector petrolero gracias a la activación de los 11 batallones del Plan Especial Energético y Vial que prestan seguridad física a un sistema de 4.465 kilómetros de redes principales de oleoductos y 3.980 kilómetros de poliductos del país».
Según la revista Semana, en junio de 2011 «el 11% de los efectivos del Ejército y la Armada —cerca de 30.000 hombres— están dedicados hoy a cuidar pozos, oleoductos y prospecciones mineras». Pero ahora en noviembre, el nuevo ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que cerca del 30% del Ejército —unos 80.000 soldados— cuida la infraestructura petrolera motivado, entre otras cosas, por las protestas laborales en Puerto Gaitán y Barrancabermeja.

Nuevamente, quemaron un bus en la vía entre San Andrés y el Valle de Toledo

Los hechos de este tipo que han ocurrido durante el año 2011, tienen varios asuntos en común, han sido ejecutados por el mismo frente de las FARC que opera en la zona, Frente 36, en los mismo sitios entre el municipio de San Andrés de Cuerquia y el corregimiento del Valle de Toledo, en todos se le indica a los pasajeros y conductores que desocupen el vehículo,  es una de las zonas más cercanas a la construcción de la represa y con mayor presencia militar.

Ya en el mes de agosto habían dejado estos letreros:



En menos de cuatro meses los hechos se repiten, las comunidades ven y sienten la agudización del conflicto todos los días en la disputa por un territorio que es de ellas pero que otros se pelean.


http://www.rcnradio.com/noticias/editor/un-bus-que-estaria-cargado-con-124121

http://www.rcnradio.com/noticias/editor/rehabilitado-el-transito-vehic-124348
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/ejercito_inspecciona_sitio_donde_farc_atraveso_un_bus_en_via_a_ituango/ejercito_inspecciona_sitio_donde_farc_atraveso_un_bus_en_via_a_ituango.asp

http://diadia.fortoxsecurity.com/ejercito-inspecciona-sitio-donde-farc-atraveso-un-bus-en-via-a-ituango/

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/Q/quemado_bus_que_cubria_ruta_ituango_-_medellin/quemado_bus_que_cubria_ruta_ituango_-_medellin.asp