Desde la década del 70 se vienen realizando estudios técnicos sobre la factibilidad del proyecto hidroeléctrico Pescadero-Ituango, a la par se vienen adelantando gestiones para la venta de la energía producida allí a países de Centro y Sur América por medio de estrategias como el PPP e iniciativas como IIRSA.
Este hecho, sumado al desconocimiento de las comunidades locales para la toma de decisiones que afectan o afectarían su permanencia con dignidad en el territorio, fue un mal presagio para las mismas.
Los 30 años de generación de expectativas, de engaños y de mentiras por parte de empresas como Integral S.A. (quién siendo accionista realizó los estudios técnicos de factibilidad), Pescadero-Ituango y ahora EPM, sobre la dinamización de las economías locales, generación de empleo, compra de predios a precios justos, seguridad, se ven confrontados hoy, con una realidad que es difícil de ocultar, hasta para el mismo Gobernador de Antioquia, quien cree que por medio de la estigmatización y el señalamiento de las comunidades, tratando de hacer ver ante los medios de comunicación la presencia de avivatos en el territorio y defendiendo a capa y espada la lógica económica, va a ocultar la violación sistemática a los derechos humanos de los campesinos propietarios y no propietarios de tierras, comerciantes, mineros y mineras, volqueteros, paleros, transportadores y estudiantes, entre otros, por parte de estas empresas y del Estado.
Aspectos como el recrudecimiento del conflicto armado en la zona de influencia del proyecto, no son nuevos, como lo plantea la Revista Semana en su informe especial, en la historia reciente de la violencia en la zona, ubicamos las más de 20 masacres perpetradas por grupos paramilitares (el Aro, Ituango 1997), los más de 20.000 campesinos y campesinas desplazadas y las miles de hectáreas que quedaron abandonadas tras la estela paramilitar que arrasó la zona en la década del 90, esta incursión se ubicó paradójicamente de Puerto Valdivia a Santa Fe de Antioquia, afectando los municipios ubicados en la rivera del Río Cauca, necesaria hoy para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico. Hoy la violencia corre por cuenta de los frentes 18 y36 de las Farc y de los más 5.000 hombres del ejército que la custodian y los paramilitares, las acciones van desde quema de vehículos de servicio público y de propiedad de los consorcios, retenes de los distintos grupos, enfrentamientos armados (el último ayer en el sitio conocido como la vuelta del bombillo enfrentamientos y bombardeos) e incremento de campos minados.
Como consecuencia directa de la disputa por este territorio, entre el estado y los grupos armados al margen de la ley, las comunidades van perdiendo progresivamente sus derechos, a la vida, a la tierra y al territorio, a producir, al rio que provee alimento, transporte y empleo, y a un ambiente sano. Sólo en el municipio de Ituango la producción agrícola se ha reducido en un 70%; de 25.000 habitantes, más 16.000 han sido desplazados en los últimos años; el incremento en el costo de vida por causa de la generación de expectativas ha sido del 40%; el porcentaje de NBI es del 76%; entre los municipios Ituango y Briceño se han desalojado casi 200 mineros y mineras artesanales, y a la mayoría de los propietarios de predios se les ha comprado hasta por una tercera parte del valor real su tierra.
Para hacer claridad señores de Semana, la represa Ituango es sólo la punta del iceberg, en esta misma zona, de donde fueron desalojados los y las mineras artesanales, se concesionaron más de 40.000 hectáreas a empresas como Anglo Gold Ashanti, Continental Gold y Cerromatoso para la explotación de minerales preciosos a cielo abierto; los predios que fueron comparados por valores de mediados del siglo pasado $50 Mt2, $150.000 ha, bajo la amenaza de la expropiación; también se proyecta la implementación de una zona franca, que significa, cero impuestos, cero regulaciones y empleos de mala calidad.
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