Mapa 1920

En este mapa se puede observar la zona que va a ser inundada por el proyecto Pescadero Ituango, y la gran producción agropecuaria que ha tenido históricamente esta zona.

                                           Fuente: Archivo histórico de Antioquia

Pescadero - Ituango o Hidroituango: Otra estrategia de despojo de territorios para la explotación de recursos minero – energéticos / Arrantza - Ituango edo Hidroituango: Baliabide meatz- energetikoen ustiapenerako beste murrizte estrategia bat

Jueves 16 de junio de 2011, por Revista Pueblos
Organizaciones sociales, campesinas, indígenas, afro descendientes y ambientalistas, así como de sectores políticos y económicos de carácter internacional, han denunciado desde hace décadas los altos impactos que tienen para el medio ambiente y las comunidades los proyectos hidroeléctricos y de minería desarrollados en las distintas regiones del mundo. Pese a ello, se avalan y se siguen imponiendo este tipo de obras en nombre del “Desarrollo”.

Para la Comisión Mundial de Represas (informe del 2000), existe una gran variedad de impactos que abarcan las vidas, los medios de subsistencia y la salud de las comunidades locales. Según dicha Comisión entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazadas en todo el mundo por las represas. Millones de ellas, que viven río abajo de las represas, han visto sus medios de subsistencia seriamente dañados. Muchas de las personas desplazadas no fueron reconocidas (o registradas como tales) y por lo tanto no fueron reasentadas o indemnizadas. En los casos en los que se entregó una indemnización, ésta fue con frecuencia insuficiente, y entre las personas desplazadas reconocidas como tales, muchos no fueron incluidas en programas de reasentamiento. A las que fueron reasentadas, rara vez se les restituyó sus medios de subsistencia, ya que los programas de reasentamiento se han centrado en el traslado físico, y no en el desarrollo económico y social de las personas afectadas.
En cualquier región del mundo donde se desarrolle una obra de este tipo los métodos e impactos serán siempre los mismos. Ya sea en la represa de las Tres Gargantas en China, Yacyretá en Argentina, El Quimbo ó Hidroituango en Colombia, son las comunidades locales las que asumen el costo económico, ambiental y en vidas de estos proyectos.
Esto esta relacionado con que son iniciativas que responden a otras lógicas y mercados globales, que no consultan las necesidades de estas comunidades, sino que más bien son impuestas a sangre y fuego. Es común encontrar que a estas comunidades, como en el caso de la población del municipio de Ituango (ubicación geográfica de Hidroituango), sus derechos fundamentales sean vulnerados sistemáticamente, especialmente el derecho a la vida, a la tierra y al territorio, y a un medio ambiente sano.
Es común que simultáneamente, con la construcción de estos megaproyectos, en las zonas se vaya desarrollando un conflicto por la ocupación y transformación del territorio que impacta negativamente a las comunidades. Eso sí, con la participación directa o indirecta de los estados.
Frente a esta realidad las organizaciones sociales, populares y campesinas defienden su propia visión del desarrollo y luchan valientemente todos los días a favor de un progreso y un desarrollo justo, equitativo, sostenible y armónico dentro de una relación con la naturaleza que la preserve para las generaciones venideras.
Sin embargo, esta tarea resulta casi imposible de defender cuando el capital nacional y transnacional cuenta no sólo con el dinero, los profesionales, la tecnología, sino también con gobiernos locales, regionales y nacionales que por encima de sus comunidades entregan sus territorios, borrando con esta acción el proyecto de vida de comunidades enteras.
Este municipio padece el impacto de dos megaproyectos hidroeléctricos (Hidroituango y Urrá I –por nacer en sus territorios el Río Sinú, quien es el que lo abastece-). Y en el mes de diciembre de 2010 se publicaron las más de ocho mil concesiones firmadas por el anterior presidente, Álvaro Uribe, dentro de las cuales en Ituango se contemplan cuatro concesiones en ejecución para exploración y explotación de minerales preciosos (oro, plata y platino), ubicados sobre el Río Cauca, Rio sobre el cual se va a construir Hidroituango. Entre las empresas que obtuvieron dichas concesiones se encuentra la Anglo Gold Ashanti.
Conocidos estos datos se puede comprender porque la empresa responsable (Empresas Públicas de Medellín –EPM-) de la construcción de dicha represa expulsó violentamente a los mineros artesanales que han derivado su sustento de allí por décadas. Además, se encuentran legitimados por el pronunciamiento que hiciera el actual presidente Juan Manuel Santos en el mes de enero del presente año, donde señala tajantemente que la minería artesanal además de ser ilegal, está sirviendo para financiar las acciones terroristas de los grupos armados al margen de la ley (FARC-ELN) en Colombia. Situación que deja en desventaja a cientos de mineros que ejercían su actividad allí; con el agravante, de que en el censo de mineros realizado por la empresa (EPM) no se reconoce ni a la mitad de las personas que históricamente han ejercido esta actividad económica en el Río Cauca, dejándolos sin posibilidad alguna de reclamar  indemnización o compensación por la pérdida de dicha actividad.

Lo que ocurre en la zona de influencia del proyecto

http://cmpopulares.blogspot.com/2011/06/tres-dias-de-ataque-la-poblacion.html


CONTINUAS Y SISTEMATICAS INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LA FUERZA PUBLICA EN SOBRE DE LA POBLACIÓN CIVIL DE LA VEREDA BIRRI MUNICIPIO DE ITUANGO.


El dia Sabado 14 de Mayo a las 7:30 de la noche fueron disparados varios morteros por parte del ejercito algunos de los cuales hicieron impacto en predios del centro educativo rural CER de la Vereda Birri, cerca de la cual se encuentran ademas varias viviendas.

El Domingo 15 de Mayo, a las 6 de la mañana el ejercito comenzo a disparar fuego de mortero de formas constante durante todo el dia. A las 6:52 de la mañana un mortero de estos cayo cerca a la casa del señor Jaime Leon Granda cayendo a 50 metros de donde se encontraba su hijo Andres Granda menor de edad, la explosión de estos artefactos le gnero la joven tres dias de problemas en su audición.

El dia lunes de 16 de Mayo a las 10 de la mañana fue detenido de forma arbitraria e ilegal, el señor Tulio Usuga en el lugar conocido como “pegado” por tropas de la brigada movil 18 del ejercito Colombiano, cuyo mando en ese lugar estaba al mando del cabo Perdomo. Este sub oficial obligo al señor Usuga a que se quitara la ropa para realizarle una requisa procedimiento en medio del cuál el sub oficial Perdomo abuso del señor Usuga tocando sus partes nobles. Increparon al campesino para conducirlo al sitio donde estaba asentado el campamento del ejercito, a lo cual él se nego, luego preguntandole por la presencia de guerrila en el á rea. El señor Usuga estuvo detenido hasta las 4: 52 de la tarde de ese dia.


El Sabado 29 de Mayo a las 9 de la mañana, tropas del ejercito Colombiano entraron a la casa del señor Jaime Leon Granda donde increparon a la señora Damary Lopez buscando inculpar y señalar al señor Jaime Granda de pertenecer a una organización insurgente. Cuando la señora Damary le pregunta esta tropa el nombre de su comandante o responsable, los soldados le responden que esas preguntas no las hacen los campesinos, los soldados le dijeron a la señora que eran “paras”. La señora Damary manifiesta haberles visto emblemas e insignias del ejercito Colombiano a esta tropa.

Los actos presentados aquí contituyen graves actos de violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario por parte de la fuerza pública del Estado Colombiano, del ejrecito en particular, encontrando:
  • Ataques a bienes protegidos.
  • Ataques a persona protegida.
  • Infracción a los principios de distinción y proporcionalidad.
  • Violación de las convenciones internacionales contra la desaparición forzada, asi como contra de los tratos crueles y torturas, igualemete del articulo 12 de la Constitución Politica de 1991 “nadie sera sometido a detenciones arbitrarias, desaparición forzada. Torturas y tratos crueles y degradantes”.

EXIGIMOS

  1. A las agencias del ministerio público se abra una investigación por la sistematica y generalizada violación a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario sobre la brigada movil 18 del ejercito Colombiano en general y particularmente su comandante el Mayor chica, asi mismo sobre el cabo Perdomo del mismo.
  2. Al Estado Colombiano responsabilizarce y garantizar el Derecho al vida de los campesinos mencionados en esta denuncia pública.
  3. A las organizaciones sociales y populares, reproduscan esta denuncia ṕública. Dirigiendo sus pronunciamientos de solidadridad a los siguientes correos electronicos.


PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

MINISTERIO DE INTERIOR Y DE JUSTICIA.

DEFENSOSIA DEL PUEBLO.

DR VOLMAR PEREZ DEFENSOR DEL PUEBLO COLOMBIA.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

Hacia la Audiencia Pública Nacional sobre los impactos de megaproyectos del sector minero-energético en los territorios


COMUNIDADES EN RESISTENCIA  PROYECTO HIDROITUANGO

Fraterno Saludo.

Como resultado de un proceso de organización y resistencia de distintas comunidades en todo el país contra  la construcción e   impactos que provocan    proyectos hidroeléctricos, de explotación de carbón, petróleo y minerales, como el oro, la plata, platino, níquel y otros; proceso que se estructura a través de la  emulación de un modelo económico basado en la explotación de recursos naturales no renovables como   el caso de Chile y Perú, con la  aplicación de políticas de   crecimiento de sectores de la economía como el minero-energético que el gobierno nacional ha denominado “locomotora”.
La especialización de la economía nacional  en la industria extractiva constituye un riesgo para la estructura del aparato productivo nacional, cuya base se sostiene bajo criterios del gobierno,  en   la inversión extranjera directa y la generación de industrias intensivas en capital.  Esta tendencia en materia de política económica que el gobierno ha dispuesto para el país, configura un modelo de desarrollo que profundiza conflictos socio-ambientales en una sociedad atravesada por un  conflicto armado y en disputa por el uso, usufructo  y la propiedad de la tierra.
El panorama que se vislumbra en el país y que sectores sociales de manera oportuna vienen advirtiendo, son la razón por la cual elaboré  una proposición a la Plenaria del Senado de la República en la que se convoca   Audiencia Pública sobre los distintos impactos que ocasiona el sector minero-energético en el país,  la proposición establece  la participación de  autoridades nacionales con competencia en el tema (Ministerio de Minas, Min Ambiente, Ingeominas y otras), Ministerio Público y cuerpo diplomático acreditado en Colombia; dicha proposición fue aprobada en plenaria de Senado para citarse el 03 de agosto del presente año

El propósito de la Audiencia es demostrar la ausencia  de una  política nacional soberana y  sustentable con el Medio Ambiente para el sector minero energético;  las consecuencias y afectaciones que sobre distintas comunidades en los territorios  ha dejado en el medio ambiente, cultura, economía y tejido social, a través, de la visibilización de casos en distintas regiones del país.

 Convocatoria.
Se han realizado varias reuniones con distintas comunidades y organizaciones sociales, mineras, campesinas, sindicales y étnicas,  con el propósito de  acordar una fecha para la realización de la Audiencia, en éste proceso se determinó el  03 de  agosto del presente año para su realización, pues se consideró  que es  la fecha más adecuada para ampliar la convocatoria hacia otros sectores de la sociedad y coincide, además, con el primer año de gobierno del Presidente Santos, cuya principal estrategia de crecimiento económico es la Locomotora Minero-energética.
La Audiencia es un escenario de denuncia en la que comunidades y procesos sociales exponen ante el gobierno  y los asistentes sus reclamaciones y hechos que configuran situaciones que lesionan los intereses y derechos de comunidades asentadas en áreas de influencia de estos megaproyectos, de la misma manera,  comunidades que se encuentren  en riesgo de afectación por la construcción de estos megaproyectos.
La Audiencia constituye también un escenario de interlocución con el gobierno, en donde éste debe responder por los requerimientos y exigencias de los y las asistentes, es posible que se desprendan otros niveles de interlocución de acuerdo al curso y desarrollo que tomen algunos de los casos que se expongan en la  Audiencia.
Por lo anterior convocamos a todas las organizaciones de pequeños y medianos mineros, comunidades afectadas, campesinas, indígenas, afros, sindicales,  cívicas y demás procesos que están interesados en hacer parte de la Audiencia y en contribuir con este ejercicio de participación y denuncia.
Los invitamos a que participen de la Audiencia el próximo miércoles 03 de agosto del año en curso en el Auditorio Luis Guillermo Vélez ubicado Instalaciones del Edifico nuevo del Senado de la República a partir de las 8:00 a.m.
Un propósito adicional de la Audiencia es la generación de  un hecho de opinión a través de una acción de movilización, por ello, se espera que cada uno de los procesos, organizaciones y plataformas de unidad sobre el sector acordemos una marcha o concentración en un lugar o institución para llamar la atención de la ciudadanía y de los medios de comunicación, concentrando una importante participación.
Los invitamos a que participen con ponencia y nos confirmen el número de asistentes, con nombre completo y número de cédula
Los invito a compartir esta información y a participar activamente  de este trascendental ejercicio.

Fraternalmente,



ALEXANDER LÓPEZ MAYA
Senador de la República.


Mayor información y contacto:
Ingrid Penagos Peña. Tel. 310-257-94-24, ingridpenagosutl@gmail.com
Equipo de trabajo Senador Alexander López Maya

Los desalojos de mineros en la zona del proyecto Hidroituango se han hecho violando la ley y bajo presión del Gobernador. El Diputado del POLO expresa su solidaridad con los desalojados.

En el día de hoy fueron desalojados por efectivos del ESMAD de la Policía  y en helicópteros particulares, cerca de 250 personas correspondientes a unos 130 grupos familiares que extraían oro de manera artesanal en la orilla del Río Cauca en comprensión municipal de Briceño.

La orden de desalojo la emitió el Alcalde de ese municipio, señor Libardo Muñoz, quien conoce a la mayoría de los desalojados, pues son nativos y residentes en esa localidad y su decisión, según ha trascendido fue precipitada por la fuerte presión ejercida por el Gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero.

La violación de la ley consiste en que los cauces de los ríos no son propiedad privada de ninguna persona o empresa por importante que sea, son un bien público por antonomasia y además la minería artesanal está expresamente autorizada y debe contar con protección de las autoridades según lo establecido en el Código Departamental de Policía.

Los mineros desalojados se encuentran en este momento a la intemperie en el casco municipal de Briceño a la espera de que las autoridades les ofrezcan una solución digna a la arbitraria prohibición de extraer oro para llevar el pan a la mesa de  sus familias.

“Estos compatriotas, cuyo único delito consiste en ser pobres y en vivir en un sitio en el que se va a adelantar un gran proyecto hidroeléctrico merecen toda mi solidaridad y respaldo, y creo que el de todos los antioqueños. No nos oponemos a los proyectos de desarrollo, pero estos no se pueden adelantar violentando los derechos de quienes deben hacer el sacrificio de abandonar su actividad o su territorio para su ejecución”puntualizó el Diputado Gómez, al tiempo que instó a Empresas Públicas de Medellín y a la Gobernación de Antioquia a ofrecer alternativas decentes a estos ciudadanos y de esta forma evitar tensiones, confrontaciones y costosos procesos judiciales. 

Oficina de prensa del Diputado Jorge Gómez
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