Comunación a la Procuraduria por parte de ASOMITUANGO

Medellín, 11 de abril de 2011


Señores:
Procuraduría Nacional
Procuraduría Regional de Antioquia
 

Nómadas del rio Cuca

Los mineros y mineras del rio Cauca hemos habitado o visitado sus riberas desde que nos conocemos, provenimos de familias mineras que nos han transmitido como hijos e hijas, los conocimientos necesarios para la extracción de oro de aluvión. 

Somos varios los tipos de mineros y mineras (determinados por el tiempo que destinan a la actividad económica) en el sector de construcción de la hidroeléctrica Pescadero  Ituango: ocasionales, tradicionales-permanentes, permanentes y temporales, los primeros somos aquellos que bajamos por temporadas al rio, generalmente a una o dos playas, y que en el resto del tiempo somos agricultores, entre otras actividades económicas; provenimos de muchos lugares, veredas, corregimientos y cabeceras municipales que tienen riberas del rio Cauca principalmente, aunque también de otros municipios. Los segundos, tradicionales-permanentes, hemos crecido en las riberas del rio, aprendido de nuestros padres o abuelos, esta actividad económica  y permanecemos en el rio la mayor parte del tiempo. Los terceros, permanentes, aprendimos a ser mineros y mineras por amigos y familiares, ya no desde niños sino generalmente en la juventud, también permanecemos la mayor parte del tiempo en las diferentes playas del rio Cauca, de playa en playa buscamos los mejores lugares para extraer oro; y los últimos –temporales- llamados “aventureros” vienen de diferentes partes del país, incluso de otros países, buscando los mejores sitios para el barequeo, se quedan por temporadas en los diferentes ríos. De estos tipos de mineros y mineras de ríos sólo los ocasionales no son nómadas.

La trashumancia no es un hecho novedoso o desconocido sobre la minería de aluvión o el barequeo, sin embargo esto no hace parte de la descripción y mucho menos del análisis que sobre esta actividad económica observa la resolución número 18 2114 de noviembre 5 de 2010 por la cual se aprueba adicionar a el Manual de Precios Unitarios,[1] así como no ha sido tenido en cuenta por el proyecto hidroeléctrico Pescadero Ituango, en sus diferentes actividades, imponiéndonos criterios como el sedentarismo que difieren de nuestra forma de vida.  Prueba de ello es la manera como se realizó el Censo minero, sólo en algunas  playas, puntos de encuentro[2] y en la vía que conduce de Medellín al municipio de Ituango, por lo expresado por algunos funcionarios del proyecto no es comprensible por que encuentran en las mismas playas a personas distintas o cada vez hay más personas en las mismas playas[3].  Los vigilantes contratados por el proyecto registran de manera permanente las playas, controlan su ingreso con listas de las personas que supuestamente son las que han estado en ellas, nadie de otro sector[4], que no haya estado cuando los vigilantes llegaron, puede ingresar, incluso a muchos se les ha amenazado con no permitirles el ingreso si salen, poniendo en riesgo su subsistencia, de la misma manera hombres del Ejercito Nacional han cortado en diferentes momentos la garrucha o cable que permite el paso de un lado al otro del rio San Andrés.  Por otro lado sus ranchos han sido contados y marcados para que no lleguen a las playas nadie más. 

Nuestra condición cultural de nómadas ha sido atropellada por el Proyecto hidroélectrico Pescadero – Ituango al generar una compensación económica temporal a 149 personas de la margen izquierda del rio Cauca, por la interrupción de su actividad económica.  Como todos los mineros y mientras teníamos acceso a las diferentes playas, al prohibirse la entrada a una de las playas todos salimos afectados, muchos de los que estuvieron en este sector también censados, desconocen la manera como fueron elegidas estas personas.  No bastando con esto a los mineros y mineras, que por razón de nuestra condición de errantes, llegaron a esta playa  fueron desalojados por la fuerza pública, otra prueba del desconocimiento que tiene el proyecto sobre la movilidad minera en esta zona, pues no tiene sentido desalojar, además intimidar a unas personas que en ese momento estaban pero que después se irían para otra playa.  Lo que ocurrió es que muchas de las personas desalojadas no volvieron al rio por sentir miedo para seguir ejerciendo su actividad económica.

Por lo tanto, solicitamos se nos respete nuestra condición cultural de nómadas y se actúe en consecuencia: se realice un nuevo estudio riguroso y sobre todo real sobre la manera como adelantamos nuestra actividad económica, en el que sea amplia nuestra participación y que sirva de base para un nuevo Manual de Precios Unitarios para este sector económico y los demás que se ven afectados; se realice un nuevo censo con esta perspectiva cultural que incluya a los diferentes tipos de mineros y sus diferentes maneras de agruparse, incluso los ocasionales, valore la manera como el conflicto político armado de la zona a afectado a la población minera; se restituyan los derechos a los desalojados, se evalúen las compensaciones económicas realizadas hasta el momento y se den a todos los mineros del rio, por haber reducido nuestras posibilidades de extracción de oro, por tanto afectar nuestra actividad económica. Se nos permita la libre movilidad y habitabilidad de todas las riberas del rio hasta tanto no se negocie con todos los mineros, para no afectar desigualmente a la población minera. Se prohíba la estigmatización, señalamiento y amenazas que se divulgan por los medios de comunicación para con la población minera.  Se suspenda todo proceso de desalojo en curso hasta tanto no se tenga el estudio con el enfoque indicado y el nuevo censo.

La afectación del proyecto debe considerar también la extracción de oro de ríos como el San Andrés, que por causa de la ampliación de la vía y los peligros que esto representa, no permite que ejerzamos nuestra actividad económica.

Se adjuntan copias de algunas de las solitudes hechas al proyecto, sobre todo la prueba del poco o nulo acceso a la justicia que se tiene en el sector, la tutela por el debido proceso rechazada, en primera y segunda instancia pos los jueces del municipio de Ituango, ante el desalojo realizado en el sector de Tenche, prueba de que el debido proceso no se cumplió en este primer desalojo, es el proceso –distinto- que se adelanta en el municipio de Briceño. Además, cartas, derechos de petición y escritos dirigidos a Hidroituango o simplemente publicados en el blog: http://debatehidroituango.blogspot.com, en este blog se pueden encontrar fotos que dan cuenta de algunos de estos hechos.

Cualquier comunicación por favor dirigirla a las personerías de los municipios de San Andrés de Cuerquia, Ituango y Briceño Antioquia y  al correo electrónico: debatehidroituango@gmail.com


[1] La descripción que se presenta en esta resolución sobre la minería es pobre, esta llena de errores de forma y de fondo, de contradicciones. Ver documento anexo, sobre el manual de precios unitarios componente socioeconómico.
[2] Ver respuesta al derecho de petición con radicado E-0001049, al respecto se señala que el municipio de registro del Sisben no puede ser un medio probatorio de la no condición de minero o minera en el sector, puesto que al no tener residencia fija, nos registramos en donde vivan familiares, que es precisamente a donde vamos en caso de enfermedad.
[3] Esto lo explicamos por tres razones, no sin desconocer que hay personas que no son mineras y que incluso están censadas y reciben compensación económica, la primera: al cerrar o prohibir la entrada a algunas playas el espacio para el trabajo se reduce, la búsqueda de agua y sectores seguros hace que algunas de las playas se encuentren hacinadas.  Segundo: los mineros ocasionales ante la eminencia de no poder volver a extraer oro en poco tiempo y ante la posibilidad de no ser compensados por esta perdida, han decidido quedarse de manera permanente en las playas.   Tercero: La mayoría de la población minera de este sector ha sido desplazada por la violencia alguna vez en su vida, muchos no habían regresado hasta ahora, al ver el incremento de fuerza pública.
[4] Rechazamos los conflictos y enfrentamientos que el proyecto esta motivando entre los pobladores de la zona, entre nombres de vigilancia contratados de la misma zona, por lo tanto conocedores de los mineros y mineras del rio y entre la población minera por ser inducida a señalar a quienes no lo son, esto lo ha estimulado el proyecto y ha generado amenazas y problemas entre la población, exigimos se busquen otras estrategias para comprobar la veracidad de la condición de mineros, por vías que no pongan en riesgo nuestras vidas.

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